Memo y Zafar, una pareja de ciudadanos estadounidenses, conformaban-sí, en pasado- un matrimonio que tras un mes reportado como desaparecido, apareció muerto en La Marquesa, Estado de México.

La pareja había acudido a una reunión de negocios en Tlalpan pero sus familiares no volvieron a saber de ellos, hasta que sus cuerpos fueron hallados, sin vida, en una fosa clandestina, donde, dicho sea de paso, había más restos humanos.

No sé si sea justo decir que por el mero hecho de ser extranjeros, las investigaciones siguen abiertas.

Sin afán de "normalizar" una situación dolorosamente gigantesca, las desapariciones en México, son cosa de todos los días. La cifra que se cita al momento es de entre 132 mil y 134 mil personas. Tras cada una de ellas, hay una historia y una familia, pero muy pocas respuestas.

En el contexto del Mundial de Futbol 2026, representantes de diferentes agrupaciones de buscadores han intentado visibilizar el problema manifestándose. Han logrado su objetivo, aunque dentro del país, los "otros datos" minimicen lo que pasa.

Oficialmente, la Secretaría de Gobernación ha implementado reformas de ley que incluyen la Alerta Nacional de Búsqueda y la obligación de abrir carpetas inmediatas de investigación, además del diálogo con familiares de las víctimas. Al menos es lo que ha dicho Rosa Icela Rodríguez, aunque los grupos de búsqueda no comparten el discurso institucional.

No se trata de señalar culpables; más bien, lo que se busca es resolver el problema informando a las familias sobre el estatus de las personas que no están y permitirles cerrar un ciclo.

En abril pasado, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a través de su Comité contra la Desaparición Forzada, solicitó al Secretario General que remita a la Asamblea la situación de las desapariciones en México, ello para que tome medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.

De acuerdo con el Comité, hay "indicios fundados" de que en el país se han cometido desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, según se puede leer en el documento https://news.un.org/es/story/2026/04/1541315.

No se trata de injerencia extranjera- antes de que estallen los gritos de "foul"-, sino de ofrecer colaboración para atender una situación que ya rebasa todo nivel de autoridad. Quiero pensar que la ONU apoyaría con peritos especializados, gente que ha ayudado en casos, digamos, similares, en otras partes del mundo. En todo caso, con que el gobierno mexicano precise lo que se permite y lo que no, estaríamos todos contentos y se sanaría una de las más grandes heridas que hay en nuestro amado país.

Al activar el Comité de Desaparición Forzada de la ONU el artículo 34 para buscar apoyo urgente y ayuda internacional para México, el secretario general António Guterres ya dio vista a la Asamblea General de la grave crisis de desapariciones en México.

Ningún país latinoamericano vive, según la ONU, el nivel de alarma que vive México en este tema, seguido de Colombia y Cuba.

La pregunta es ¿qué postura tomará México frente a la oferta de ayuda de la ONU? Desde mi punto de vista es una excelente oportunidad para paliar el dolor de miles de familias que viven en luto. Con la atención puesta en el mundial, los temas importantes de la agenda pública parecen diluirse, pero no podemos cruzarnos de brazos.

La tarea se antoja pesada, tediosa, cansada, y larga, antes de cosechar los frutos de la búsqueda, pero ese calvario que hoy parecería recaer sobre el gobierno es el mismo que, día tras día han vivido y siguen padeciendo los familiares de cada una de las personas desaparecidas.