Nos hemos acostumbrado a ver la política como una especie de lucha entre contrarios, entre buenos y malos, sin entender que nunca nada en esta vida es blanco o negro, sin matices, quizá eso se deba a que las contiendas electorales están diseñadas bajo el método de contraste y a que estas son efectivas.

Las acciones de gobierno, sin embargo, no deberían ser analizadas bajo ese prisma, sino que deben ser entendidas en términos de cómo estas mejoran la calidad de vida de los habitantes de un estado como Nuevo León.

Pongamos por caso las obras que están en proceso en el estado y que dependen del presupuesto y labores del gobierno estatal, es el caso del Metro en sus líneas 4 y 6, del proyecto MuevoLeón, o de las obras de infraestructura hidráulica mediante las cuales se pretende mantener la oferta necesaria de este líquido para consumo de las empresas sin menoscabo del consumo humano.

Los problemas de movilidad que aquejan al área metropolitana de Monterrey, en donde se concentra más del 80% de la población del estado son abrumadores para quienes deben circular por las calles y avenidas de la urbe, es cuestión de observar las llamadas vías rápidas para darse cuenta del tiempo que deben gastar los neoloneses en trasladarse  desde sus lugares de residencia hasta sus trabajos o centros de estudio.

Estos problemas de movilidad se agravan debido a la falta de un eficiente servicio de transporte público por un lado y a la falta de costumbre, derivado del mal servicio, que existe en la entidad para su uso.

De ahí que tanto las dos líneas del Metro, como el programa MuevoLeón y Transmetro deberían ser prioridades en el presupuesto, a las cuales se están ya oponiendo los diputados de oposición en el Congreso local.

El hecho de que este tipo de obras y servicios de gobierno sean prioritarios, no implica que su revisión presupuestaria no sea relevante, por el contrario, en un escenario en el cual los recursos estatales son cada vez más escasos de una supervisión rigurosa, pero de ninguna manera de su cancelación.

Se agradece que los diputados exijan al gobierno estatal los proyectos ejecutivos de las obras y programas, así como que vean la forma de supervisarlos, solo esperamos que ello no implique su obstrucción o cancelación definitiva.

Lo mismo sucede con las obras de infraestructura hidráulica necesarias para ofrecer suficiente líquido a las empresas que se instalen en la entidad, forma parte de los requisitos a cumplir para el crecimiento económico de Nuevo León.

Sabemos que los diputados no dejan de ser representantes de ciudadanos que pueden no coincidir con la forma en que se maneja el actual gobierno, que ha dejado mucho que desear en su forma de enfrentar las problemáticas estatales, sin embargo, lo que deben buscar los legisladores es el cómo sí llevar a cabo estas obras que definitivamente beneficiarán a los nuevoleoneses. 

Ya después en las campañas que se den con todo.

 Comisión Internacional de Derechos Humanos  y licenciado en derecho