Tomar decisiones sin medir consecuencias suele ser costoso, más en política. Tal es el caso del aumento en las tarifas del transporte urbano, conocido como “tarifazo” que recientemente anunciara el secretario de Movilidad Hernán Villarreal y el cual, ante las protestas en todos los frentes se ha tenido que echar para atrás, dar un “reversazo”.

De cualquier forma, los 15 pesos que deberán pagar los usuarios de los camiones MuevoLeón, esos continuarán, lo que no se implementará es el segundo piso de ese aumento que llegaría a 21 pesos el próximo año.

Algo sucede en el estado que los funcionarios, encabezados por Samuel García, parece que no han medido el rechazo que recibieron en las urnas el pasado mes de junio, en el que perdieron Monterrey y la senaduría consiguiendo solo unas cuantas diputaciones locales que distan del objetivo que se habían planteado de obtener la mayoría en el Congreso nuevoleonés.

Tampoco parecen entender que el tema de la movilidad en la zona metropolitana de Monterrey es de primer orden, que toca las fibras sensibles de los ciudadanos que día tras día deben invertir parte importante de su salario solo para trasladarse a sus fuentes de trabajo o para que sus hijos puedan llegar a las escuelas en las cuales buscan un camino para mejorar su situación.

Samuel por ejemplo, dio muestras de insensibilidad política al cancelar el programa de apoyo a usuarios del transporte público que, sin que nadie se lo pidiera, él mismo anunció señalando que se extendería durante todo el año, curiosamente un año electoral y que canceló apenas pasadas las elecciones.

Qué decir de los retrasos en la incorporación de nuevas unidades, esas que se han anunciado una y otra vez pero cuya adquisición o renta no se ha podido concretar porque simplemente no hay dinero. De las demás medidas para mejorar la movilidad mejor ni hablamos, ya que brillan por su ausencia.

Samuel, al principio de la administración quiso utilizar una política que en EU se conoce como “Going public”, es decir, apelar a que los ciudadanos presionaran al Congreso local para que le aprobaran sus proyectos y presupuestos, ello luego de incumplir con los acuerdos a los que había llegado con los líderes de las fracciones. Hasta de la cancelación de los apoyos a los usuarios del transporte urbano se quiso culpar a los diputados cuando al parecer el programa fue una ocurrencia de momento, es decir, no había presupuesto para ello.

Una estrategia como esta no puede funcionar cuando es público y notorio que no ha enviado los presupuestos correspondientes y desea gobernar como si fuera un poder omnímodo y posteriormente quiso jugar el papel de víctima.

El tarifazo puede ser la gota que derrame el vaso y de al traste con la imagen de por sí gastada de Samuel García y su equipo que, por razones que ellos sabrán, quisieron hacer del ejercicio de gobierno un acto de imposición de su voluntad y no uno de negociación como lo requiere la política en muchos casos.

Si no ganaste en las urnas el Poder Legislativo para que apoye tus políticas, entonces debes encontrar la manera de sacar adelante tus proyectos vía la negociación, a menos de que te sientas tan por encima de eso. El problema es que este tipo de decisiones afecta a todos los ciudadanos del estado.

Dicen que el año más difícil para los gobernantes es el séptimo, el primero en el cual están fuera del poder, parece que en Nuevo León, tan cerca de EU, en realidad Samuel será el “lame duck”, del que se habla en el vecino país cuando un gobernante pierde las elecciones intermedias.

¨* Comisión Internacional de Derechos Humanos  y licenciado en Derecho