En el trabajo legislativo podemos estar en contra o tener disensos. Pero, esas posturas las tenemos que fundamentar en la tribuna con argumentos bien sustentados, no con los que nos pasen a última hora para defender lo indefendible. Además, la ciudadanía no nada más es la que está cerca de un diputado o de un grupo legislativo, por lo que nadie puede decir que en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso del Estado no atendemos a la ciudadanía, cuando nuestra labor es atenderla.

     Como Congreso del Estado nos corresponde decretar leyes en todos los ramos no reservados a la Federación, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario, así como expedir leyes en materia municipal para que los Ayuntamientos aprueben reglamentos en sus respectivos territorios. Todo ello sin dejar de reconocer que no podemos concedernos ni arrogarnos en ningún caso facultades extraordinarias y que los decretos que promulguemos pueden ser vetados o controvertidos por inconstitucionales.

     Como presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte señalo las anteriores disposiciones constitucionales para fundamentar la plena jurisdicción que le asiste al Poder Legislativo de Nuevo León para expedir la Ley del Catálogo del Patrimonio Histórico y Cultural Municipal.

     El patrimonio cultural es parte de nuestra identidad comunitaria y como Congreso tenemos la obligación de salvaguardarlo y de facultar a los Municipios para preservarlo adecuadamente. Es un deber moral hacia nuestro pasado y hacia nuestro futuro, pues a lo largo de los 442 años de vida de Nuevo León han sido destruidos muchos y muy diversos inmuebles que eran parte de nuestro patrimonio cultural. Lo más cuestionable es que siga siendo una constante la destrucción de valiosos inmuebles, tanto de propiedad pública como de propiedad privada, a pesar de contar con la protección legal.

     Es de suma importancia cuidar el patrimonio con la nueva Ley, la cual fue analizada en una mesa de trabajo por representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE), de la Tesorería del Estado, de la Dirección de Patrimonio y de algunos municipios, así como de un nutrido grupo de historiadores, cronistas y activistas sociales preocupados por las demoliciones de lugares históricos.

     Con la nueva Ley se refuerza lo dispuesto por la Ley de Patrimonio Cultural del Estado sobre la tarea de elaborar catálogos y registrar las declaraciones de bienes histórico-culturales en la Sección del Registro Público del Patrimonio Cultural y, sobre todo, al establecer que cada Municipio deberá de contar con un Catálogo del Patrimonio Histórico y Cultural y, por ende, con una Comisión del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio.

     La Comisión de Educación, Cultura y Deporte siempre se ha caracterizado por trabajar de la mano con la ciudadanía y con las instituciones, por lo cual se realizaron varios cambios al proyecto de Ley, derivados de las observaciones remitidas por el INAH, CONARTE y los grupos legislativos del PRI, PAN, MC, PT e Independientes, excepto de Morena, del cual no recibimos ninguna observación en los dos años de presentada la iniciativa de Ley.

     Entre los cambios se estableció que el Código Civil, el de Procedimientos Civiles y la Ley de Patrimonio Cultural sean supletorias; que el Secretario de la Comisión del Patrimonio Histórico y Cultural sea ocupado por el cronista municipal, toda vez que es quien conoce la historia y los lugares emblemáticos; que el Presidente y Vocales de la Comisión sean propuestos por el Alcalde y cumplan con el perfil de ser ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos y con conocimientos en materias de urbanismo, arte, historia y arquitectura, así como en conservación y restauración de monumentos; que el Estado integre un fondo anual para que el Municipio realice obras de restauración, conservación y consolidación de un bien inmueble catalogado y, que no se incluya el Sistema de las Transferencias de Potencialidades de Desarrollo Urbano.

     Toda ley es perfectible y al aprobar la nueva Ley el jueves 29 de abril dimos el paso para que los 51 municipios de Nuevo León asuman la tarea de contar con su propio Catálogo de bienes histórico-culturales, los cuales deberán de proteger, cuidar y difundir su valor, incluyendo los del catálogo federal.

     Es importante dejar bien claro que los derechos de la ciudadanía y de las instituciones quedan a salvo ante las demás instancias legales a las que deseen recurrir y estamos de acuerdo en que no sería necesario expedir esta nueva ley para realizar los trabajos de catalogación, pero la realidad de destrucción y desprotección del patrimonio histórico y cultural municipal así nos obligan, por lo cual rechazamos los supuestos y rumores que sostengan lo contrario.