"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para

cambiar el mundo." -- Nelson Mandela

La educación pública es una de las herramientas más poderosas para reducir desigualdades, fortalecer el tejido social y construir un mejor futuro para Nuevo León. El acceso a una educación de calidad no debe depender de la capacidad económica de las familias, sino de la responsabilidad del Estado de garantizar este derecho en condiciones de equidad, dignidad y justicia social.

Nuestra Constitución es clara: la educación impartida por el Estado debe ser gratuita. Este principio no se limita a la ausencia de colegiaturas formales, sino que implica que ningún estudiante sea obligado a realizar pagos excesivos, recurrentes o condicionantes para poder inscribirse, permanecer o concluir sus estudios.

Hoy, lamentablemente, Nuevo León se ha convertido en uno de los Estados dónde todo cuesta más. El recibo del agua es más caro, el transporte público ha tenido incrementos constantes, las casetas de peaje cobran más, el banderazo de taxi se ha disparado, las obras públicas cuestan más y tardan más, y ahora incluso la educación pública, que debería ser gratuita, representa una carga económica adicional para las familias.

Todo esto ocurre en una Entidad que, además, se encuentra entre los más endeudados del país, sin que esa deuda se refleje en servicios de calidad ni en proyectos estatales concluidos; por el contrario, muchos de ellos permanecen estancados o inconclusos, mientras el costo de vida sigue aumentando para la ciudadanía.

En los últimos años, se ha vuelto una práctica común en facultades de instituciones públicas de educación media superior y superior como la UANL el aumento en las cuotas internas. Estos incrementos, en algunos casos de hasta el 100 %, no siempre han estado acompañados de mejoras visibles en la infraestructura, los servicios académicos o las condiciones reales de los planteles.

A esta situación se suma la falta de transparencia en los conceptos que integran los cobros escolares. Muchos alumnos y familias se enfrentan a recibos que incluyen cargos por servicios que no solicitaron, materiales de baja calidad, actividades que no se realizan o proyectos prometidos que nunca se concretan.

En el caso de la educación técnica, particularmente en los planteles del CECyTE, se ha denunciado públicamente el aumento considerable de las cuotas semestrales, así como la imposición de fechas límite, convenios forzados y multas por retraso en los pagos.

Estas prácticas resultan desproporcionadas y contrarias al carácter público de la educación, pues colocan a las familias bajo una presión económica que puede derivar en el abandono escolar.

Es cierto que las instituciones educativas enfrentan retos presupuestales y administrativos. Sin embargo, estos desafíos no pueden resolverse trasladando sistemáticamente los costos a los estudiantes. Un sistema educativo público sólido requiere planeación, eficiencia en el uso de los recursos, supervisión y una adecuada asignación presupuestal por parte del Estado. Cobrar más no puede ser la salida fácil frente a la falta de administración o al incumplimiento de promesas de mejora.

Defender la gratuidad educativa es defender a la ciudadanía, a las familias y al futuro de Nuevo León. Me permito finalizar con la siguiente frase que, con el pasar del tiempo, sigue siendo cierta: "La educación no es un privilegio, es un derecho que debe garantizarse con calidad y sin barreras económicas".