Todos o casi todos coinciden en que la Unidad de Inteligencia Financiera debe ser dotada de más dientes para combatir el crucial flanco del dinero de los cárteles de la droga, pero la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia en su sesión plenaria del pasado lunes 6 de abril de autorizar a la famosa UIF de Hacienda a congelar cuentas sin orden judicial, es un peligroso golpe a la seguridad patrimonial.

El proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 58/2022 fue presentado por la ministra Loretta Ortiz y aprobado por seis votos contra tres. El pleno de la Corte desechó así la inconstitucionalidad reclamada y validó el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito que autoriza a la UIF a bloquear cuentas bancarias de manera inmediata, sin intervención previa de un juez, cuando existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Pero esos indicios claros no son especificados en la ley, lo que daría lugar a todo tipo de interpretaciones, abusos y uso político de ese recurso.

Los ministros que votaron a favor (Loretta Ortíz, Lenia Batres, Hugo Aguilar Ortiz, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías e Irving Espinoza Betanzo) argumentaron que se trata de una medida cautelar administrativa, no de una sanción penal, es decir, preventiva y no punitiva, por lo que no requiere control judicial previo. Recordaron, además, que las personas afectadas tendrían derecho de audiencia ante la propia UIF y podrían acudir posteriormente a un juez para impugnar el congelamiento.

Con la resolución, la Corte se apartó de su jurisprudencia anterior que solo permitía bloqueos sin orden judicial cuando lo solicitaba una autoridad extranjera.

Por su parte, los ministros que votaron en contra (Yasmín Esquivel Mossa, Arístides Guerrero y Giovanni Figueroa) advirtieron riesgos en el debido proceso, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica. Argumentaron que no es posible que quedemos sujetos a decisiones basadas en criterios ambiguos o indeterminados.

Y tienen razón pues si el Estado puede congelar cuentas bancarias y dejar a una persona sin acceso a sus propios recursos, la ley debe establecer con minuciosa precisión cuándo, cómo y por qué congelar cuentas. Si eso se deja a criterios ambiguos o indeterminados se incurrirá en todo tipo de abusos, incluidos los que podrían cometerse contra opositores al gobierno sobre todo en épocas electorales.

Criticar el congelamiento de cuentas bancarias sin orden judicial no pretende, de ninguna manera, desalentar los esquemas de lucha contra el crimen organizado sino evitar que se conviertan en un instrumento que dañe la seguridad patrimonial o corte a las voces críticas, al no establecer la ley criterios precisos para aplicar esa facultad. Combatir al crimen es indispensable, pero nunca a costa de la certeza jurídica, dijo, entre otros argumentos, la ministra Esquivel Mossa.

¿Cómo ponernos de acuerdo para que no vean "moros con tranchetes" ni los que proponen, pero sin reglas claras, una herramienta que podría ser muy eficaz en el combate a la delincuencia, ni los que critican y solo ven maniobras que los van a dañar política y electoralmente?

Quizás lo lograríamos recordando junto con el gran Voltaire que "el último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia".

Sonora gana peso en el tablero energético

Es altamente probable que uno de los movimientos más relevantes para destrabar el crecimiento económico del norte del país esté ocurriendo ya, aunque lejos del debate público. Se trata del reposicionamiento de la infraestructura eléctrica como eje de viabilidad industrial, una tarea que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que dirige Emilia Calleja Alor, comenzó a acelerar en Sonora.

Los indicios no son menores. En Hermosillo, el desarrollo de un polo industrial científico contempla una subestación de maniobras para atender un centro de carga de 227.1 MW, junto con una línea de transmisión de 230 kV. A ello se suma un proyecto de mayor escala, un data center asociado a Foxconn con una demanda estimada de 857.4 MW, que requerirá una nueva subestación de 400 kV y una línea de transmisión de 62 kilómetros. Esta es la confirmación de que la transmisión eléctrica se está convirtiendo en el factor que define la llegada de inversión.

Pero el punto de inflexión está en Puerto Peñasco. La Central Fotovoltaica "Rafael Galván Maldonado", diseñada para alcanzar una capacidad instalada de mil MW con una inversión cercana a los mil 200 millones de dólares, es el proyecto solar más grande de América Latina y el intento por redefinir la arquitectura energética del norte del país.

Las primeras dos fases ya aportan capacidad al sistema, sin embargo, el verdadero cambio estructural vendrá con las etapas tercera y cuarta que incorporarán 580 MW adicionales junto con sistemas de almacenamiento en baterías de hasta 270 MW/hora, condición necesaria para estabilizar la operación eléctrica en una región con alta presión de demanda, según nos explican los desarrolladores del proyecto.

Pero su alcance va más allá de la generación. La lógica que lo sostiene apunta a fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico regional y avanzar en la interconexión del sistema aislado de Baja California con el Sistema Interconectado Nacional, uno de los pendientes históricos en materia energética. De concretarse, se cerraría una brecha técnica, pero también una limitante estructural para la expansión industrial en la región.

En ese contexto, lo que se está configurando en Sonora no es únicamente un conjunto de obras, sino un nodo energético estratégico. La relocalización de cadenas productivas hacia el norte del país comienza a exigir condiciones más complejas: energía suficiente, estable y con capacidad de crecimiento. Y ahí es donde la infraestructura eléctrica deja de ser un componente técnico para convertirse en un factor determinante de competitividad.

De cumplirse los tiempos y alcances planteados, Sonora fortalecería su sistema eléctrico y, además, se posicionaría como un punto clave en la nueva geografía industrial del país. En ese escenario, la infraestructura dejaría de ser una limitante para convertirse en un habilitador del crecimiento.