Fiscalía ambiental

La política ambiental de nuestro Estado ha venido ganando fuerza dentro de la agenda pública durante los últimos años; esto no es producto de la casualidad, sino una consecuencia debido al incremento en los índices de contaminación ambiental, que han posicionado a Nuevo León en el deshonroso primer lugar de todo el país.

Lo anterior, sin duda se debe a varios motivos y factores, donde todos los neoleoneses tenemos que asumir nuestra responsabilidad y dejar de culparse unos a otros, como el gobierno, la industria, y los ciudadanos en general.

Actualmente en Nuevo León, contamos con dos fiscalías especializadas, una de ellas en combate a la corrupción, y otra en delitos electorales, ambas de suma importancia y utilidad para todo el país por los temas que atienden, sin embargo, hay un tema igual de importante para Nuevo León, pues nuestro estado necesita urgentemente de una atención especial a los delitos ambientales que diariamente se cometen con toda impunidad, pues pese a los esfuerzos realizados en las administraciones pasadas, nuestra entidad sigue siendo la más contaminada de todo México.

La persecución de delitos ambientales es una herramienta que funciona para poder garantizar el cumplimiento del derecho a un medio ambiente sano establecido en nuestra carta magna, así como el estricto respeto a nuestras leyes federales y estatales ambientales que sirven para garantizar nuestro derecho humano a respirar un aire limpio.

Las actuales y anteriores legislaturas, han trabajado arduamente en el tema ambiental, dotando desde la ley al Gobierno del Estado para que pueda prevenir y erradicar las conductas que provocan desde diversas áreas una mayor contaminación en el Estado. Además, de que nuestra Ley General Federal en la materia y el Código Penal, establecen claramente cuáles son los delitos y las sanciones correspondientes para quien incurre en este tipo de delitos. Sin embargo, no tenemos una Fiscalía Especializada en el área local para hacer cumplir la Ley.

El Gobierno del Estado, en un esfuerzo aislado, implementó en la entidad el “impuesto verde”, el cual de origen parecía una buena idea, sin embargo, resultó ser más un impuesto recaudatorio y no tanto una medida que provocará que quienes contaminan desde la industria, reforman sus procesos internos por acciones más limpias y ambientalmente responsables.

El año pasado se activó en diversas ocasiones alertas ambientales la alta acumulación de partículas contaminantes en el aire de todo el Estado, sin contar que este año actual (2023) inició desde el 1 de enero con una mala calidad del aire, aun y estando prohibidos los fuegos artificiales.

Por ello, hemos propuesta una Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, cuyas atribuciones, integración y funcionamiento se regirá bajo las disposiciones de nuestra Constitución, su Ley Orgánica y demás disposiciones de la legislación secundaria aplicable.

Todo ello, para que se le pueda dar un marco jurídico confiable para la aplicación de la ley y la persecución de delitos. Mismo, que estamos seguros, que al contar con una Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales eficiente, en el corto y mediano plazo, podemos ver una baja en los índices de contaminación que tenemos en la entidad.