El bienestar y desarrollo integral de los niños son aspectos fundamentales para el progreso de cualquier sociedad.

En el Estado de Nuevo León, la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil establece parámetros y normativas esenciales para los Centros de Atención, conocidos como estancias infantiles.

Estos centros desempeñan un papel crucial al brindar servicios a niñas y niños desde los cuarenta y tres días de nacido.

La adecuación de los reglamentos municipales a la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil es un paso crucial para armonizar las disposiciones legales y garantizar la uniformidad en la aplicación de normativas en todo el estado.

 La falta de alineación puede dar lugar a lagunas legales, interpretaciones divergentes y, en última instancia, a la exposición de los niños a riesgos potenciales.

Además, la adaptación de los reglamentos municipales proporciona un marco legal claro y actualizado para los operadores de estancias infantiles. Esto facilita la comprensión de sus obligaciones y responsabilidades, promoviendo así un entorno más seguro y propicio para el desarrollo infantil.

La adecuación de los reglamentos municipales no solo tiene un impacto en la operación de las estancias infantiles, sino que también contribuye a la protección efectiva de los derechos de los niños. Establecer parámetros claros para la calidad de la atención, los estándares de seguridad y la formación del personal es esencial para garantizar un entorno favorable para el crecimiento y desarrollo de los infantes.

La implementación adecuada de la ley a nivel municipal también implica la supervisión regular de las estancias infantiles para asegurar su cumplimiento. Esto no sólo brinda tranquilidad a los padres, sino que también salvaguarda los derechos de los niños a la salud, la educación y el juego en un entorno seguro.

Además, una red eficaz de estancias infantiles contribuye al desarrollo cognitivo y emocional de los niños, preparándose para su ingreso al sistema educativo. Esto, a su vez, puede tener impactos positivos a largo plazo en la fuerza laboral del Estado, contribuyendo a la formación de individuos más capacitados y productivos.

Esta medida no solo garantiza la protección efectiva de los derechos de los niños y la seguridad en las estancias infantiles, sino que también genera beneficios socioeconómicos significativos. La inversión en el bienestar y desarrollo de la infancia no solo es una responsabilidad moral, sino también una estrategia inteligente para construir una sociedad más justa, equitativa y próspera.