El Estado de Nuevo León, reconocido a lo largo de la historia por la laboriosidad y perseverancia de su gente, se encuentra actualmente sumido en una crisis profunda y multifacética. Entre estos problemas destacan los cortes de agua, los alarmantes índices de contaminación ambiental, la inseguridad creciente y, particularmente, la crisis en movilidad urbana que afecta diariamente a millones de ciudadanos.

La movilidad es un derecho humano fundamental, consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto. Este derecho busca garantizar que todas las personas, sin excepción, puedan desplazarse con seguridad, equidad, accesibilidad y, sobre todo, en igualdad de oportunidades. No obstante, la realidad que vive Nuevo León dista mucho de cumplir con estos principios constitucionales.

Actualmente, nuestro Estado enfrenta una de las peores crisis de movilidad en su historia. Los ciudadanos se ven obligados a esperar entre media hora y una hora para poder abordar un camión, las líneas del Metro permanecen inoperantes en muchos casos, y el tráfico en el área metropolitana de Monterrey se ha vuelto insostenible, debido al desmesurado crecimiento del parque vehicular. Paciencia, ¿a nosotros? Ya se nos agotó, igual que a miles de ciudadanos que día tras día esperan a que lleguen los camiones, enfrentando retrasos y la incertidumbre de si podrán llegar a tiempo a sus destinos.

Es fundamental recordar que el Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de garantizar un sistema de transporte público eficiente, accesible y seguro, como lo establece la Constitución. Sin embargo, la respuesta a esta crisis ha sido insuficiente. A pesar de los planes presentados y las promesas de nuevas unidades de transporte, la realidad es que muchos de estos proyectos no se han materializado. 

El número actual de unidades de transporte público no es suficiente para satisfacer la enorme demanda existente. Esto ha dejado a una gran parte de la población sin opciones viables para desplazarse, lo que genera una dependencia excesiva del automóvil particular, agravando aún más los problemas de tráfico y contaminación en la región.

Hace dos años, la administración estatal anunció con gran entusiasmo un ambicioso programa de movilidad que prometía ser la solución a estos problemas. Sin embargo, dos años después, dicho programa sigue siendo, en gran medida, un conjunto de promesas incumplidas. 

Es necesario que se tomen medidas inmediatas para resolver esta crisis. El costo de la inacción es alto: las familias no solo ven afectada su economía debido al tiempo perdido en traslados, sino que también se ven privadas de tiempo de calidad que podrían compartir con sus seres queridos. Esta situación no solo es insostenible,  sino también inaceptable en un estado que debería estar a la vanguardia del desarrollo y la calidad de vida.