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Opinión Editorial


El primer plebiscito


Publicación:17-08-2021
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Aprobar o rechazar temas de trascendencia nacional o regional en consultas populares o plebiscitos, se convirtió en un derecho constitucional

Aprobar o rechazar temas de trascendencia nacional o regional en consultas populares o plebiscitos, se convirtió en un derecho constitucional más del pueblo mexicano a partir de la reforma de diciembre del 2019 y el cual por fin estrenamos el domingo 1° de agosto después de más de 30 años de lucha para que la ciudadanía ejerciera mecanismos de la democracia directa.

     

     El estreno de la consulta popular sobre un tema de trascendencia nacional requirió que amplios grupos de la ciudadanía asumieran como suya la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de someter a los ex presidentes mexicanos a un proceso de esclarecimiento y se dieran a la tarea de reunir la firma del dos por ciento de las y los inscritos en la lista nominal de electores. 

     

     Cabe referir que un plebiscito sobre asuntos de trascendencia regional, pero competencia de la Federación, requiere de la firma de la ciudadanía de una o más entidades equivalentes al dos por ciento de las y los inscritos en el padrón electoral y cuyo estreno esperemos sea muy pronto.

     

     Para llevar a cabo el primer plebiscito nacional la ciudadanía tuvo que superar las siguientes etapas:

     

     Primera, hacer la petición al Congreso de la Unión para que la aprobara por mayoría, lanzara la convocatoria y formulara la pregunta previa sobre el por qué sí o el por qué no someter a juicio a los ex presidentes. 

     

     Segunda; que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta y modificara la pregunta con base en los principios de legalidad y derechos humanos. 

     

     Tercera, que el Instituto Nacional Electoral (INE) verificara el cumplimiento de los requisitos por parte de la ciudadanía y una vez que el Congreso de la Unión y la Suprema Corte hicieron su parte proceder a la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

     

     Por disposición constitucional y por Ley de Consulta Popular, el INE fue la única instancia responsable de promover de manera imparcial, informada y reflexiva la participación de la ciudadanía en la jornada de consulta.

     

     Es importante señalar que no pueden ser objeto de consulta popular la restricción de derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales suscritos por México, ni las garantías para su protección.

     

     Tampoco los principios consagrados en el artículo 40, relativos a la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una República representativa, democrática y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación según los principios de nuestra Ley Fundamental.

     

     Ni tampoco la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, la materia electoral, el sistema financiero, los ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las obras de infraestructura en ejecución, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas.

     

     A pesar de que los resultados de la consulta popular del domingo 1° de agosto estuvieron muy lejos del 40 por ciento de la votación requerida para someter a un proceso de esclarecimiento a los expresidentes por sus decisiones políticas y así garantizar la justicia y los derechos de las víctimas, se trató de un complicado parto de la naciente democracia participativa mexicana.

     

     Democratizar nuestro sistema político a partir de la genuina participación ciudadana y de auténticos mecanismos de democracia participativa, ha sido una lucha que emprendimos desde hace 30 años como Partido del Trabajo y que vamos a sostener hasta hacer realidad nuestro ideal de ¡todo el poder al pueblo!

     

     Si logramos que los derechos de participación ciudadana avancen y se consoliden entre las clases trabajadoras de la ciudad y del campo, ya nadie detendrá la ruta de nuestro desarrollo democrático, menos cuando los gobiernos privilegien el bienestar de la ciudadanía de manera justa, igualitaria y con mayores oportunidades para todos, especialmente para quienes menos tienen.

     

     Llegó el tiempo de acabar con el régimen de corrupción y dejar atrás la democracia representativa. Después del primer plebiscito preparémonos para estrenar el mecanismo de la revocación de mandato en marzo del 2022. El pueblo es el que debe decidir y elegir el rumbo del país.



« Lupita Rodríguez Martínez »