La incursión de Estados Unidos en Venezuela, además de colocar contra la pared a los políticos que respaldaron a Nicolás Maduro, desató en México una cacería de brujas contra los empresarios que hicieron negocios con su régimen. Sin embargo, el expediente que más interesa a las autoridades estadounidenses es el de la empresa que, pese a los bloqueos y sanciones, logró sacar casi 30 millones de barriles de petróleo del país sudamericano: la firma mexicana de comercio exterior Libre Abordo.

Representada por dos mujeres prestanombres, Verónica Esparza y Olga María Zepeda, la pequeña compañía era en realidad operada por Joaquín Leal Jiménez, un joven originario de Guanajuato que se alió con el zar de los negocios oficiales venezolanos, Alex Saab, para firmar en junio de 2019 —los días 13 y 17 de ese mes— dos contratos de "Ayuda Humanitaria" con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). En ellos se planteó la entrega de mil camiones cisterna al gobierno de Venezuela, proyectados para implementar un programa de distribución de agua en regiones marginadas, además de 210 mil toneladas de maíz blanco.

Tuve la oportunidad de reunirme para una entrevista con el entonces todavía desconocido Leal Jiménez algunas semanas después de la firma de esos acuerdos. Fue el 12 de julio de 2019. El empresario, de apenas 26 años, se presentaba como especialista en la industria eléctrica e integrante del Massachusetts Clean Energy Center. Tenía interés en dar su punto de vista sobre los proyectos energéticos de Andrés Manuel López Obrador y, por cierto, además de calificarlos como equivocados por limitar la participación de la iniciativa privada, auguró, con precisión, los apagones masivos que se registrarían durante el sexenio.

En aquella plática no mencionó los acuerdos que, después se supo, buscaban aprovechar la Licencia General 4C de Estados Unidos, la cual autoriza incluso a ciudadanos estadounidenses a participar en transacciones que involucren a entidades o sujetos sancionados, siempre que dichas operaciones se enfoquen en la entrega de productos relacionados con ayuda humanitaria. Sí habló, en cambio, de su cercanía con Venezuela. Relató que el gobierno de Maduro lo había invitado a supervisar la instalación de turbinas para generación de electricidad.

El secreto que en ese momento guardó Joaquín se revelaría un año después, el 18 de junio de 2020, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dio a conocer que el supuesto especialista en generación eléctrica estaba detrás de los movimientos petroleros de Venezuela. La OFAC determinó sancionarlo junto con sus prestanombres y sus empresas, Libre Abordo y su filial Schlager Business Group, que para entonces ya concentraban hasta el 40% de las exportaciones mensuales de crudo del país sudamericano.

En conversaciones posteriores que sostuve con abogados y colaboradores de esas compañías, tuve acceso a documentos que confirmaban que, en el papel, los acuerdos de "Ayuda Humanitaria" se ajustaban al marco jurídico de la Licencia General 4C. Pero en la práctica el operador cometió graves errores: aliarse con proveedores chinos para entregar los camiones cisterna de la marca Fotón; falsificar documentos de una supuesta colaboración con el organismo gubernamental Segalmex para garantizar el suministro del maíz; y realizar transferencias ship to ship en el transporte del petróleo para intentar ocultar su origen.

Para el gobierno de Donald Trump, entonces en su primer periodo presidencial, lo más sospechoso fue la detección de vínculos directos entre Leal Jiménez y Alex Saab, así como que el valor del petróleo extraído —unos 300 millones de dólares— superaba ampliamente los costos estimados de la ayuda humanitaria declarada. En paralelo a las pesquisas estadounidenses, en México también se iniciaron investigaciones contra Libre Abordo y Joaquín Leal Jiménez; sin embargo, éstas fueron bloqueadas desde el sector energético por la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle. Esta, otra historia que tiene mucho que contar.

Posdata 1

En el Foro Económico Mundial en Davos, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó un discurso que rompió con el optimismo de una buena negociación del T-MEC, al descartar una transición suave del orden global al afirmar que "estamos en medio de una ruptura", y advertir que la integración económica ya se está usando como arma por las grandes potencias, con claras implicaciones para las relaciones comerciales y geopolíticas en América del Norte.

La respuesta a ese mensaje no tardó. El presidente Donald Trump respondió desacreditando la visión de Carney, atacando a Canadá por sus vínculos económicos con China y amenazando con aplicar aranceles del 100% sobre productos canadienses si su vecino del norte sigue profundizando esos lazos. Las tensiones entre Washington y Ottawa se han convertido en un factor clave que complica aún más la revisión del T-MEC en 2026.

Ese choque de discursos incrementa el riesgo real de una ruptura del TMEC, especialmente si la administración estadounidense busca acuerdos bilaterales o condiciona la vigencia del acuerdo a cuestiones geopolíticas, en detrimento de la lógica trilateral que impulsó el pacto. México, por su parte, ha enfatizado su interés en mantener y reforzar el T-MEC, pero las señales de confrontación entre sus dos principales socios añaden un nivel de incertidumbre inédito en las negociaciones comerciales que ya empezaron.