El caso de Raúl Rocha Cantú entró en una fase decisiva. La semana pasada un juez federal negó la suspensión definitiva y dejó vigente la orden de aprehensión contra uno de sus socios, ligado directamente a las operaciones financieras bajo investigación. En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR), ahora bajo el mando de Ernestina Godoy, retiró el criterio de oportunidad que había protegido a Rocha Cantú como testigo colaborador y activó los mecanismos para solicitar una ficha roja de Interpol.

La causa penal, que llevaba meses contenida, ahora se reactiva sin margen para negociaciones políticas o extrajudiciales. En la FGR consideran que existen elementos suficientes para imputarlo por una red de operaciones ilícitas, vinculadas principalmente al huachicol financiero, al lavado de dinero y al uso de empresas fachada.

Una de las novedades es que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Omar Reyes, congeló cuentas y activos por cerca de 300 millones de pesos relacionados con el entramado empresarial de Rocha Cantú, en espera de que el monto se incremente conforme se integren nuevas operaciones bajo análisis.

Según las investigaciones, una red de empresas vinculadas al empresario habría movilizado alrededor de 600 millones de pesos en esquemas asociados al huachicol y a operaciones de simulación corporativa. La UIF trabaja con reportes bancarios, transferencias internacionales y estructuras accionarias cruzadas que apuntan a una diversificación deliberada de riesgos para diluir la trazabilidad. Sin embargo, el congelamiento de recursos no sólo afecta cuentas directas, sino también empresas satélite y vehículos corporativos que, hasta ahora, no estaban en el radar público.

Ese entramado es precisamente Legacy Holding, el conglomerado con el que Rocha Cantú mantuvo su expansión empresarial mientras el proceso penal avanzaba en silencio. El grupo presume más de 40 entidades corporativas, alrededor de 10 mil empleados, presencia en al menos cinco mercados internacionales y más de tres décadas de operación. Su portafolio abarca sectores como energía, industria, bienes raíces, hospitalidad, marketing, aviación, automotriz, filantropía y entretenimiento. En este último rubro destacan los casinos: Legacy opera 27 centros de juego en 11 estados del país, con un flujo mensual que supera el medio millón de visitantes. A ese portafolio se suma su participación en el negocio de belleza, donde Rocha Cantú ha seguido presentándose como propietario del 50% de la franquicia de Miss Universo, un activo que, paradójicamente, terminó detonando visibilidad pública sobre una investigación que llevaba meses integrándose en la FGR.

La combinación de factores (órdenes judiciales vigentes, retiro del criterio de oportunidad, congelamiento masivo de recursos y una solicitud de ficha roja) marca un punto de no retorno en el caso. La apuesta del gobierno —principalmente la FGR a cargo de Ernestina Godoy— es enviar una señal inequívoca de que los expedientes de alto perfil económico no volverán a resolverse mediante acuerdos oscuros o intermediaciones políticas.

Durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, el caso había quedado virtualmente congelado tras la concesión de un criterio de oportunidad que fue revisado y revocado por irregularidades en su otorgamiento. Fuentes del nuevo equipo ministerial sostienen que intermediarios cercanos al círculo de Gertz facilitaron ese blindaje procesal, una actuación que también forma parte de las indagatorias internas. Paradójicamente, el expediente relacionado con Rocha Cantú terminó siendo uno de los factores que aceleraron la salida de Gertz de la FGR, aunque se insiste en que el exfiscal no habría estado enterado de la forma en que se construyó esa protección judicial.

Rocha Cantú fue captado en París el 23 de diciembre pasado, una imagen que reforzó la percepción de que se movía con margen de impunidad aun cuando el proceso ya estaba técnicamente abierto. Recientemente también ha utilizado sus redes sociales para defender su porcentaje accionario en Miss Universo.

Mientras tanto en México, las autoridades refuerzan el cerco contra Rocha Cantú desde lo financiero y lo penal. La apuesta es que, con la ficha roja en curso y las investigaciones de inteligencia, se logre traerlo de vuelta al país en el corto plazo.

Posdata 1

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tuvo que salir a despresurizar la tensión que generó una alerta emitida por la Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos, que recomendó precaución en amplias zonas del espacio aéreo mexicano y latinoamericano por "posibles acciones militares" y riesgos de interferencias en sistemas de navegación. La dependencia a cargo de Jesús Esteva confirmó que el aviso no implica restricciones ni cambios operativos para la aviación civil nacional, y que corresponde exclusivamente a operadores y pilotos de aerolíneas estadounidenses, sin efectos jurídicos sobre la soberanía del espacio aéreo mexicano.

El comunicado del gobierno ocurre en un contexto regional inédito. La FAA incluyó en sus avisos rutas sobre el Pacífico mexicano, el Golfo de California y sectores de Latinoamérica, señalando que "existen riesgos potenciales para aeronaves a todas las altitudes, incluyendo fases de llegada y salida de vuelo", sin precisar el origen de esos riesgos, más allá de referirse a "actividad militar". La comunicación se da en paralelo a una escalada de operaciones estadounidenses contra redes de narcotráfico y tras las recientes acciones militares en Venezuela, además de los constantes llamados de EU a México para permitir desplegar tropas y combatir, en conjunto, a los grupos criminales.

A esa percepción de presión se sumó que este fin de semana un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un C-130J-30 Super Hercules, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca procedente de la Base Dyess en Texas.

Sigue subiendo la presión para México.