A menos de un año de celebrar el proceso electoral intermedio de este sexenio, estamos atrapados por la incertidumbre, el dolor y sufrimiento por las víctimas de la pandemia. En esas condiciones sanitarias y económicas graves e inéditas, el gobierno federal prepara el nuevo zarpazo, ahora contra el Instituto Nacional Electoral, INE, el árbitro electoral cuya imparcialidad y confianza tanto ha costado edificar en un proceso reformista y de apertura democrática cuyo arranque se remonta medio siglo.

Si hemos visto con la 4T el devenir de un gobierno nacido de la esperanza de cambio que hoy no ata ni desata, ni ha logrado generar condiciones que den más valor a la economía mexicana, que no encauza el esfuerzo social hacia el crecimiento y el desarrollo, es un deber mirar las repetidas amenazas al árbitro electoral, hechas incluso bajo la forma grosera de querer "verificarlo" para controlarlo desde el propio Poder Ejecutivo.

Las intermedias de 2021 serán las elecciones de más cargos federales y locales de la historia, se elegirá a 500 diputados federales, 15 gobernadores, 1,063 diputados locales y 1,921 presidentes municipales y alcaldes; los electores registrados superan 95 millones.

El desgaste gubernamental por el mal manejo en economía, seguridad y salud es mayúsculo y su aprobación ha caído más de 20 puntos, para ubicarse en 46, por debajo de los registros de tres gobiernos anteriores en ese mismo periodo. La 4T no la tiene fácil, como tampoco la tuvieron los cuatro últimos gobiernos priístas y panistas en comicios intermedios.

Esta semana el presidente dibujó la amenaza contra el INE. Conocemos su camino para desnaturalizar y cooptar instituciones autónomas, que no le gustan porque no las controla. Si en 2018 agradeció a Peña Nieto por no haber interferido, eso es lo que esperaríamos de él los mexicanos.

¿Le molesta el alto costo relativo de las elecciones federales?, que se dirija a la Cámara de Diputados para que allí se discuta el presupuesto, nadie votó por él para presentarse ahora como vigilante electoral. El presidente no puede ser quien supervise el presupuesto del INE, una facultad que le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación. El desmantelamiento del INE sería una puñalada a México, un retroceso de 50 años en el respeto y garantía del derecho a sufragar.

Toda elección intermedia es un ejercicio de legitimación o deslegitimación del gobierno en turno. La derrota de Morena devolvería el equilibrio de poderes e incluso puede ser preludio para la revocación de mandato, ya inserta en la Constitución.

El elector puede desde ahora responder qué tan conveniente es mantener el poder absoluto del presidente con Morena para proseguir o no un proceso que hoy mantiene postradas y en reversa las expectativas del país y de sus instituciones.

¿Votará a favor del partido que apoya operaciones como el culiacanazo y la amnistía para delincuentes violentos? ¿Desean que siga creciendo la impunidad? ¿Qué continúen los escándalos de la corrupción en niveles altos del gobierno federal? ¿Aprueba la gestión ante la pandemia que rebasa 23 mil personas muertas y 190 mil contagiadas? ¿Estará de acuerdo con un gobierno que no apoya e incluso combate el crecimiento económico formador de empleos?

Que el elector se pregunte si en estos 18 meses de gestión se alimenta mejor o está menos inseguro y más sano. Igualmente si tiene más ahorros o un empleo más estable. Y así, que vote y rompa el espejismo de los distractores mañaneros.

La organización y vigilancia electoral corresponde exclusivamente al INE, fuera manos del Ejecutivo en el proceso electoral.