En muy recientes intervenciones mañaneras y en tono de crítica, el presidente ha comentado que Lázaro Cárdenas entregó el poder a un conservador. Quien así piensa ha evitado cualquier mención al mérito cardenista de haberse sacudido el maximato de Plutarco Elías Calles.

En 1938, Cárdenas hizo también prevalecer la ley ante las empresas petroleras que incumplían los laudos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pero su gran legado político es haber impedido la prolongación del poder callista sin buscar para él forma alguna de premio personal o reelección.

Hoy vemos al más contumaz opositor del respeto y cumplimiento de la ley brincarse a cada rato la Constitución y el orden jurídico con desplantes inspirados en la muy desafiante y conocida tesis "no me vengan con que la ley es la ley".

Es claro el propósito de fortalecer y blindar a un poder presidencial autárquico que —desde la aparente posición del opositor social— se convierta en factótum de cuanto ocurra en la administración pública federal a partir de 2024.

Cuatro años dedicados a eliminar los contrapesos institucionales que establece la Constitución subrayan el más evidente y desesperado esfuerzo por crear un obradorato unipersonal, inevitable y actualizado remedo del maximato callista.

Suma el principal promotor de esto importantes avances, como tener el control del mecanismo de revocación de mandato (con su agregado ratificatorio, regalo de la SCJN) y contar con el control absoluto de Morena. Todo indica que esas serán sus dos herramientas fundamentales para mantenerse en el mando político terminado el actual sexenio.

Si logra su pretensión, sus actuales "corcholatas" o quien llegue a ocupar la Presidencia de México, (y los gobernadores) podrán verse directamente bajo la amenaza de la revocación de sus mandatos. Es la pieza que aún hace falta a un obradorato caracterizado por la acción y presencia de un partido oficial con un sólo dueño; por contar con grandes partidas para regalar dinero a quienes apoyen al líder y por utilizar una administración pública sostenida en una creciente presencia militar que gira alrededor del "comandante supremo".

Si el mecanismo revocatorio se activa contra un presidente por iniciativa del actual, estaremos en el estreno de un gobierno unipersonal absurdamente transexenal. Bastaría, si su plan "B" avanza, que 33% de la población integrante del padrón electoral así lo señale —no ya el 40% que exige actualmente la ley— para que en cualquier consulta a modo opere la revocación. El 67% de quienes no estén de acuerdo o no voten en una consulta, ni siquiera serán tomados en cuenta.

Quien ocupe la silla presidencial será pieza sustituible a gusto y capricho de quien podrá continuar tomando decisiones fundamentales para la vida nacional, como intentó hacerlo Calles.

El ambiente permite que eso pueda ocurrir: a la debilidad de los tres niveles de gobierno, se suma la complacencia de legisladores a quienes no se les permite cambiar "ni una coma" a las iniciativas presidenciales y un poder judicial con frecuencia arrinconado y errático. El riesgo sigue activo, aunque de momento, la elección intermedia ha restado capacidad de maniobra al no contar con las dos terceras partes de los diputados necesarios para aprobar en fast track algunas iniciativas presidenciales demoledoras de instituciones.

Una sociedad crecientemente polarizada impulsó una histórica reacción ciudadana en las calles de muchas ciudades del país Esa reacción masiva y sin acarreados activa la esperanza en una alianza opositora contra el nefasto plan de nulificar al árbitro electoral y convertir al gobierno en organizador de las elecciones.

Sin embargo, aunque no se vea fácil un supuesto plan B que brinde a sus promotores certeza suficiente para perseverar en la construcción del obradorato, será necesaria la energía de volver a salir a la calle una, diez veces o las necesarias en uso de nuestros derechos ciudadanos, para que no se consume ese paso que pone a temblar hasta a las corcholatas.