Diputados: el poder que no puede (ni quiere)

Jorge Romero, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, ha dejado caer en oídos cercanos a Palacio el comedido pedimento de que la llamada cuarta transformación mire hacia abajo y le obsequie un poco de atención, a cambio de pactar una agenda cómoda en los trabajos legislativos.

Romero, un político clave en el panismo de la Ciudad de México, no parece haber logrado mayor empatía hacia sus aspiraciones, pues fue vetado por Morena en los trabajos previos al arranque de la legislatura para encabezar la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, lo que permitió la llegada a esa posición del líder de la fracción priista, Rubén Moreira.

El episodio ejemplifica el estilo inicialmente asumido por los partidos de oposición a Morena en la cámara baja, un frente esencial para contar con un contrapeso al polo de enorme poder que representa la administración López Obrador.

A partir del inicio de sesiones, la expectativa de un verdadero balance entre el Ejecutivo y el Legislativo puede irse desinflando a la vista de lo que ocurra en asuntos tan esenciales como la ley de revocación de mandato, la pretensión de demoler al árbitro electoral —INE y TEPJF— y, muy especialmente, las líneas centrales del próximo presupuesto federal.

Morena y sus partidos satélites —PT y Verde— tuvieron un dominio absoluto de la Cámara durante la legislatura que se extendió casi durante los tres primeros años de la actual administración. Habrá quien alegue que es para ello que se construyen las mayorías parlamentarias, capaces incluso de modificar la Constitución según lo dispusiera la voluntad presidencial —una circunstancia que el país no conocía desde 1997, cuando el PRI fue despojado del control absoluto por vez primera en décadas.

Un reporte publicado apenas ayer por el despacho Integralia, que coordina Luis Carlos Ugalde, arroja luz sobre lo que representó la legislatura recién terminada no sólo en lo tocante a la eficacia de la aplanadora puesta en marcha por Morena, sino en torno a lo que debe representar en democracia la Cámara de Diputados.

De acuerdo con este balance, debe destacarse el debilitamiento del rol como contrapeso de San Lázaro, la pobreza de unidad y liderazgo en la oposición, un menor gasto operativo, pero con la misma opacidad. También, el mayor número de leyes impugnadas por su posible inconstitucionalidad.

Un aspecto inquietante sobre la aplanadora legislativa del oficialismo fue que se aprobaron gastos extraordinarios en el presupuesto con una débil supervisión, lo que supuso relegar una de las obligaciones asignadas por la Constitución al Legislativo.

El reporte no deja de llamar la atención sobre los artilugios de los que Morena echó mano para integrar su mayoría, con el tráfico de diputados de varias fracciones para burlar los límites de la sobrerrepresentación, limitada ahora tras una disposición del INE avalada por el tribunal electoral —el malestar de Palacio en su contra no es gratuito.

En la legislatura recién terminada, solo 29 de los 256 diputados de Morena contaban con alguna experiencia legislativa, lo que se tradujo en votaciones sobre las rodillas, bajo consigna. Este mismo periodo en San Lázaro nos legó una ley estrafalaria en reelección de diputados, que seguramente deberá ser enmendada antes de la próxima cita con las urnas.

Si las bancadas de oposición desean concitar apoyo social y una mínima respetabilidad, deberán avanzar sobre esta agenda no con enunciados en papel como ha ocurrido hasta ahora, sino mediante iniciativas concretas, un debate maduro fuera y dentro de la Cámara y una actuación transparente.