La democracia participativa es una nueva concepción de hacer política y de gobernar considerando la participación de la ciudadanía en todo aquello que tenga repercusión para la sociedad.

     El impulsar el poder de la ciudadanía como un derecho rompe el paradigma del poder centralista, antidemocrático y autoritario.

     Por ello, somos partidarios de adecuar nuestra Constitución Política del Estado con la reforma constitucional federal en materia de revocación de mandato y de consulta popular promulgada en diciembre de 2019, así como de inscribir los mecanismos de la democracia participativa, directa y popular, además de elevar a rango constitucional la Ley de Participación Ciudadana.

     Es un tema por el que hemos luchado desde hace 30 años.

     Mediante una iniciativa de reforma que presentamos la semana pasada, con base en la referida reforma a la Carta Magna, buscamos dar cumplimiento a la disposición que ordena a las legislaturas estatales garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato del Gobernador con los mismos requisitos que para el Presidente de la República, tales como:

     - Se podrá solicitar por una sola ocasión durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del Gobernador.

- Será convocada a petición de al menos el tres por ciento de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores.

- Se realizará mediante votación libre, directa y secreta el domingo siguiente a los noventa días de la convocatoria y en fecha no electoral.

- Será válida con la participación del cuarenta por ciento de la ciudadanía y sólo procederá por mayoría absoluta.

- La Comisión Estatal Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y resultados del proceso de revocación.

- El Tribunal Electoral resolverá las impugnaciones, realizará el cómputo final y emitirá la declaratoria de revocación. 

     Con estos requisitos se estableció por fin la revocación de mandato como el instrumento de participación de la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de confianza, mecanismo de la democracia directa al que será sometido este 2021, por primera vez en la historia política de México, el Presidente de la República.

     Con esos mismos requisitos proponemos que el pueblo de Nuevo León decida si el Gobernador, los Diputados locales, los Alcaldes, los Síndicos y los Regidores se van o se quedan a la mitad de su mandato popular.

     Democratizar nuestro sistema político a partir de una auténtica y genuina participación ciudadana, es una lucha que como Partido del Trabajo hemos sostenido para empoderar al pueblo y para lo cual proponemos también inscribir en la Constitución estatal los siguientes derechos de la ciudadanía:

     El referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, la consulta popular, el presupuesto participativo, la acción popular, la iniciativa popular, la voz ciudadana o audiencia pública, las contralorías sociales, los consejos consultivos, las asambleas ciudadanas y la afirmativa ficta.

     Si logramos que los derechos de participación ciudadana tengan fuerza constitucional avanzaremos en el proceso transformador de la vida política de las y los nuevoleoneses, sobre todo para que la clase trabajadora, obrera, campesina y popular participe en las decisiones públicas de trascendencia estatal y municipal.

     Con la reforma constitucional federal en materia de revocación de mandato y de consulta popular ya no hay pretexto para dejar atrás a la democracia representativa y abrir paso a la democracia participativa, directa y popular, por ser el vínculo natural entre los partidos, las organizaciones y los pueblos que impulsan el cambio verdadero. 

     Llegó la hora de que la democracia sirva para detonar la transformación de nuestra vida social, política, económica, ambiental y cultural.

     Ahora es cuando podemos revertir nuestros problemas estructurales de pobreza y desigualdad, de violencia e inseguridad, de corrupción e impunidad.

     Es tiempo de legislar para construir una sociedad más próspera, equitativa, justa, igualitaria, libertaria y en paz.