Entre escándalos de improvisación y descuido en la planeación y ejecución de los programas de gobierno de un país en recesión económica y erosionado por la inflación, en medio de frecuentes descubrimientos de actos de corrupción, de un evidente contratismo de cuates y de excesos de familiares cobijados bajo el manto del poder público, la 4T sigue acumulando poder político, pero en tres años ha perdido toda autoridad moral.

Bajo el corte de tajo de las evidencias, el mantra "nosotros somos diferentes" sigue quebrándose a cada rato. Ni quien se acuerde que hace dos años el país entero fue convocado para apoyar las líneas discursivas de una "constitución moral". Son tantos los choques con la realidad que suena a broma recordar cuando se dijo que la honestidad era la mejor vacuna contra el Covid-19.

En septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública, dio a conocer incluso el llamado "Programa Alertador", que estimulaba la denuncia anónima de particulares para perseguir corruptelas y actos indebidos en el servicio público. Meses después, la titular de la dependencia y su esposo parecían marchar rumbo a su propio cadalso al revelarse la presunta opacidad en el crecimiento de su fortuna inmobiliaria.

Pese a reformas a los artículos 19 y 22 constitucionales y la introducción de la extinción de dominio como facultad de casi cualquier autoridad, el tiempo sexenal es otro y se agota junto con la voluntad para castigar la corrupción. La imagen es que la corrupción en este gobierno es igual o incluso más que en los anteriores.

Bajo el visor de la ética y la moral, la 4T parece estar de plano reprobada. El abandono a la atención de menores con cáncer, o las gravísimas pifias cometidas para la dotación oportuna de medicinas en los hospitales públicos, o casi cualquier acción que pasa por alto principios y valores del deber ser (como el intento por designar representante de México en otro país a una persona acusada por varias mujeres de acoso sexual), conectan con una convicción social que gana espacio: "Los de hoy, son iguales o peores que los de antes".

¿Hay alguna moralidad en diezmar el salario de los trabajadores de la alcaldía de Texcoco como ha sido documentado en acusación contra la actual secretaria de Educación Pública? ¿La hay acaso en la frecuente exhibición de lujos y ríos de dinero entregado furtivamente hasta en bolsas de pan?

Debilitar al INE como árbitro electoral, impulsar experimentalmente la prolongación inconstitucional en el cargo del ministro presidente de la SCJN, o en Baja California con el "bonillazo" y cuanto intentó permite explorar cómo extender la influencia de un caudillo más allá del término de su gobierno, no es en modo alguno ético ni moral.

Si la idea reeleccionista ha sido abandonada, no sucede lo mismo con las acciones que parecen renovar el espíritu de un neomaximato, encubierto en la picaresca de quien se asume destapador de un juego de corcholatas de su propiedad.

El multi-invocado pueblo también es sabio y agudo cuando dice que el único cambio de fondo entre la "Casa Blanca" de Peña Nieto y la que se ha hecho tema de otro escándalo, es el color de las paredes.