Mientras usted lee este artículo se habrán consumado o estarán por aprobarse decisiones de consecuencias muy graves que pueden alterar profundamente el futuro de la nación. En pocos días, el avance de la iniciativa de reformas al Poder Judicial tiró cerca del 20% el valor del peso, ahuyentó inversiones en proceso y sumió al país en una espiral de tensión y desconfianza económica y política cuyas dimensiones apenas comienzan.

Al abdicar de toda expresión de voluntad propia, los legisladores del oficialismo acatan las órdenes de su pastor omnipresente y cumplen con abyección no conocida ni siquiera en las épocas de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta.

El traidor chapulineo de quienes "se pasan" a las huestes de Morena exhibe la grave crisis política del actual sistema de partidos y del Tribunal Electoral encargado de validar y pavimentar paso a paso la ruta y gestación de lo ocurrido. Es de reconocerse la actitud de quienes han mantenido por encima de chantajes, amenazas y presiones una postura congruente con sus representados.

Con la mayoría calificada, el gobierno podrá modificar la Constitución como guste y consolidar las 18 reformas pendientes. Podrá extender la prisión preventiva oficiosa, incumplir convenios y tratados internacionales, extinguir los órganos facultados para exigir transparencia y rendición de cuentas, expropiar bienes inmuebles o modificar la autonomía del Banco de México para financiar proyectos con las reservas nacionales de 225 mil millones de dólares. No tienen llenadera.

La reforma judicial impulsada que propone este gobierno beneficiará solamente al grupo en el poder. En nombre del pueblo en abstracto perjudicará a las personas y a toda la población, indefensas frente a las arbitrariedades de las autoridades, del policía, del inspector o del poder discrecional de un presidente municipal o gobernador.

No olvidemos que muchas personas han tenido que recurrir al amparo otorgado por un juez federal para ser atendidas en hospitales públicos; lo mismo sucede entre quienes buscaron acceso a la educación o respeto a sus derechos laborales. Éstas y muchas otras acciones de defensa atendidas por jueces federales ingresarán al limbo jurídico donde la ley no cuenta ni importa.

En los términos prácticamente aprobados por el oficialismo, la reforma judicial —a diferencia de la propuesta por Norma Piña, integrantes de la Corte y de organizaciones civiles— no toma en cuenta ni corrige vicios de policías preventivos o de investigación, de ministerios públicos ni otros de la justicia local responsable de prevenir y resolver la gran mayoría de las conductas delictivas.

La designación de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular será altamente destructiva de la independencia que necesitan los juzgadores ante la presencia creciente de la delincuencia organizada o de cualquier otro grupo de interés y los deja expuestos a la lógica de políticos deseosos de controlar el sentido de sus sentencias.

Desde el gobierno se podrán evitar declaratorias de inconstitucionalidad de las leyes que le estorben; manejar libremente las concesiones, atentar contra la propiedad privada, otorgar autorizaciones y permisos, sin nada que frene el abuso de poder contra los ciudadanos.

Este gobierno llega a su término de manera accidentada, con descenso cambiario, aumento de más de 5 billones de pesos de la deuda, presiones inflacionarias y aumento en el precio de los combustibles; componentes de una espiral que potencia el caos político y económico.

Colmado de una autoridad sin freno, el poder político de la 4T puede ser más absolutista que las viejas monarquías europeas. Surgen incluso signos de una especie de nepotismo que acerca a Morena al camino de un partido familiar.

La aprobación de la reforma en los términos que hoy ofrece no representa ningún beneficio para la ciudadanía, no combate la corrupción ni garantiza un mejor acceso a la justicia. El único cambio real será el acaparamiento del poder por parte de la figura presidencial que nos acercará más a una dictadura disfrazada de democracia.

Notario, exprocurador general de la República