Durante este último semestre, en razón de los informes legislativos de las senadoras y los senadores, así como de las tomas de protesta de compañeras y compañeros, he visitado entidades federativas que, por su historia, cultura y belleza son frecuentadas por personas del país y del extranjero, entre ellas, Sinaloa, Oaxaca, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Guanajuato, Zacatecas y Guerrero.

Al conversar con sus habitantes y quienes prestan algún servicio, un punto de gran coincidencia es que entre sus principales preocupaciones está la inseguridad pública que, además de afectar su calidad de vida, inhibe de manera profunda el desarrollo económico de las sociedades, especialmente de aquellas dedicadas a las actividades recreativas y turísticas.

Lo sucedido el jueves pasado en Quintana Roo, en donde un enfrentamiento armado tuvo lugar en una zona turística, poniendo en riesgo la vida de las personas, sonó las  alarmas sobre el efecto que la violencia tiene para la industria del turismo en el país, al generar un deterioro a su prestigio y aumentar los niveles de desconfianza que la gente tiene al decidir cuáles destinos elegir para su descanso y esparcimiento.

En el Senado se aprobaron en su momento tanto la estrategia nacional de seguridad pública del Ejecutivo federal como la creación de la Guardia Nacional y sus leyes reglamentarias, con el objetivo de que el Gobierno contara con las herramientas necesarias para hacer frente a la crisis de violencia en la que se recibió el país. Hoy, casi tres años después, es conveniente reforzar el diálogo institucional en la materia, no sólo para revisar los avances, sino para acelerar el proceso de pacificación nacional.

Por eso, la próxima semana, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República buscará reunirse con el gabinete de seguridad del Poder Ejecutivo federal, a fin de reforzar los vínculos de comunicación que nos permitan brindar atención oportuna a los conatos de violencia que surjan en todo el país, pero en especial en las zonas relevantes para el turismo.

Revisar y reforzar el plan de seguridad pública nacional es pertinente. Además, todas y todos debemos desarrollar un sentido del deber con la responsabilidad cívica, y aceptar que se trata de una asignatura pendiente por resolver en el país.

El Gobierno, con sus poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tiene la responsabilidad de supervisar y regular esta situación, para impedir que se presente un punto más alto en la crisis de seguridad que actualmente afecta la vida de cientos de miles de personas. No podemos dejar solo al Ejecutivo federal en la tarea de regresar la paz y la tranquilidad, al contrario, es necesaria la colaboración entre poderes para fortalecer, monitorear y, en su caso, ajustar las acciones encaminadas a lograr este objetivo.

Igualmente, es preciso reforzar la coordinación con las autoridades estatales y municipales, instancias que durante un largo periodo de tiempo enfrentaron la descomposición de sus corporaciones policiacas y que en su mayoría no cuentan en la actualidad con recursos propios para contener las disputas entre grupos del crimen organizado. Sólo a través de estas líneas de acción se podrá garantizar que la riqueza cultural y turística del país esté por encima de las situaciones de violencia que puedan llegar a presentarse a lo largo y ancho del territorio nacional.

En la nueva normalidad, la seguridad debe ser una constante; es decir, una condición sin la cual no será posible llevar a cabo la transformación de la vida pública de México, lo que nos obliga a seguir impulsando políticas públicas que contribuyan a restablecer el tejido social que durante mucho tiempo se fue resquebrajando, ante la complicidad del poder político y el económico.