La amenaza del presidente López Obrador respecto a que después del 10 de abril propondrá una reforma electoral y con ella el INE será desmantelado, es preocupante.

Es una amenaza porque pretende meter presión a los funcionarios del instituto, a fin de que se dobleguen y hagan de la consulta de revocación de mandato un éxito a gusto del presidente.

Su obsesión por tomar el control electoral es evidente, pues sabe que sólo a través de ese camino podrá darle continuidad a la cuarta transformación que prometió. Sin embargo, las propuestas que contendrá esta iniciativa contienen temas preocupantes, como el planteamiento de someter a votación popular los cargos de consejeros del INE, así como la eliminación de las plurinominales en ambas cámaras legislativas, entre otras ideas más.

Sin embargo, el INE es un organismo técnico y operativo y no de representación popular.

Los cargos de representación popular se ganan en elecciones a partir del carisma, la empatía y generar confianza de que, -en el cargo-, la voluntad popular se traducirá en acciones.

En contraste, los organismos técnicos y operativos, -como lo son el INE y el Tribunal Federal Electoral-, requieren de conocimiento profundo de la legislación electoral y además, experiencia que sustente la capacidad operativa necesaria para organizar elecciones.

Hoy que tememos que el crimen organizado vuelva a participar en las próximas elecciones desde las sombras, -como ha sucedido en las más recientes de ellas, en varias zonas del país-, no debemos correr el riesgo de improvisar funcionarios electorales que tomen decisiones importantes, como ha acontecido en la selección de muchos cargos del poder ejecutivo federal, durante la actual administración.

Por ello hasta hoy la única forma de llegar a ocupar una silla de consejero en el INE es a través de un proceso de selección, donde concursan los candidatos a partir de conocimientos técnicos en el tema y experiencia. Por ello durante las audiencias deben llevar propuestas que pongan en evidencia sus conocimientos y experiencia y además, participar en “exámenes de oposición”. En el caso del Tribunal Federal Electoral, sucede lo mismo. Los conocimientos jurídicos en el ámbito de la legislación electoral, son fundamentales.

Respecto a las posiciones plurinominales en el Congreso sucede lo mismo.

Las plurinominales tienen el objetivo de equilibrar el peso entre los partidos para evitar el avasallamiento simple de algún partido mayoritario y dar voz a las minorías.

Las cifras son contundentes: de los 500 diputados 200 son plurinominales y 300 de mayoría relativa, o sea, elegidos por el voto ciudadano.

El ahorro presupuestal que se derivaría de eliminar las plurinominales, no es significativo.

El problema no es que existan, sino que los partidos han abusado de esta figura, -que utilizada correctamente-, debiese representar la oportunidad de ubicar en el Congreso el perfil de un legislador técnico, que aporte conocimientos y experiencia a las labores legislativas.

Es evidente que este perfil generalmente no es competitivo electoralmente, ya que la gente técnica habitualmente carece de carisma y por tanto, es incapaz de ganar una elección.

Usualmente los plurinominales son legisladores que llegan al Congreso sin tener la representatividad popular, pues son nominados a partir de las listas que aportan los partidos.

Lo que ha generado animadversión pública en contra de los plurinominales es que representan una posición de privilegio y comodidad, al estar eximidos de hacer campaña, evitándose el esfuerzo que significa buscar el voto ciudadano. Los partidos habitualmente reservan estas posiciones para los favoritos de quienes toman las decisiones. Es frecuente que sean ocupadas por miembros del comité ejecutivo, -o por sus familiares-, o sean otorgadas a compromisos políticos o incluso, en algunos casos excepcionales podrían ser vendidas estas posiciones al mejor postor,

constituyendo esta una práctica de corrupción.

Por tanto, el reto no es desaparecer las plurinominales, sino establecer candados para que quienes las ocupen tengan los atributos de conocimientos y experiencia que justifiquen su inclusión en ambas cámaras, para hacer aportaciones que puedan enriquecer el trabajo legislativo.

Seguramente la legislación electoral es perfectible y deba someterse a un análisis minucioso para robustecerla y ajustarla a las condiciones del contexto actual, -principalmente para minimizar el riesgo de intromisión de la delincuencia organizada-, que hoy es quizá el mayor peligro que enfrenta nuestra democracia.

Quizá este sea el momento de considerar la utilización de la tecnología informática y la inteligencia artificial para minimizar los riesgos de la incidencia delictiva en los procesos electorales, evitando también, -tanto la coacción-, como la compra del voto.

Sin embargo, defender la independencia del árbitro electoral es fundamental para mantener nuestra democracia.

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