Las declaraciones del presidente López Obrador en su mañanera —exigiendo que la UNAM denuncie a la ministra Yasmín Esquivel por el plagio de tesis—, y por otra, el posicionamiento de esta reconocida institución frente a este caso, dado a conocer ayer viernes en voz de su rector Enrique Graue, acaparan la atención pública.

El ámbito de la UNAM es simplemente académico y lo único que puede hacer esta institución es seguir reconociendo el título o retirarle la validez. A la UNAM no le toca denunciar jurídicamente, sino al afectado por el plagio. Sin embargo, nadie menciona un hecho de sentido común, que es la vulnerabilidad del presunto plagiado al enfrentarse y desmentir a una ministra, siendo él un miembro del poder judicial. La correlación de fuerzas entre ambos es totalmente inequitativa.

El caso de la tesis de la ministra rebasa con mucho el ámbito académico. Quizá, de todo lo sucedido con este caso, lo más grave y lo que debiese preocuparnos, es la actitud de la ministra a partir de sus intentos por escabullir las responsabilidades de su error juvenil y las consecuencias del posible plagio. Sin embargo, no es lo mismo considerar el error de juventud cometido por una estudiante, que las posibles faltas a la verdad cometidas por una ministra perteneciente al máximo tribunal constitucional del país.

Buscando la esencia de este acontecimiento que ha sacudido al país, debemos reconocer a estas fechas que el enfoque académico —que es el que compete a la UNAM— es sólo una parte del contexto. Lo más grave es el silencio de la misma SCJN frente a la conducta asumida por uno de sus once integrantes, pues no se ha manifestado institucionalmente respecto a este caso que daña invariablemente su reputación como organismo autónomo y, además, la credibilidad de todo el Poder Judicial.

Es inentendible que mientras una tormenta mediática sacude a la opinión pública, dentro de esta institución se tome la actitud de "aquí no pasa nada" y la ministra continúe en funciones votando durante las sesiones del máximo tribunal constitucional del país. Si a ese nivel jerárquico —en un caso tan polémico— se falsean los hechos con total impunidad, entonces… ¿cuál es la garantía de una actitud ética en los procesos que están bajo su responsabilidad?

Cabe destacar que la gran esperanza que permeó en la sociedad con el nombramiento de la ministra Norma Lucía Piña como presidenta de la SCJN —con base en su trayectoria, estudios y su honorabilidad—, es momento de capitalizarla para rescatar la confianza de la sociedad respecto a nuestro sistema de justicia. Para ello es necesario que la SCJN tome cartas en este asunto que daña su reputación institucional y la de todo el Poder Judicial. Este es el reto más urgente.

LA MINISTRA PIÑA EN LA MAÑANERA

El Presidente explicó en la mañanera de ayer viernes que desde que la ministra Norma Lucía Piña asumió la presidencia de la SCJN, en el Poder Judicial se han fortalecido las prácticas corruptas. Lo que no está considerando el presidente es que la ministra Piña sólo lleva 18 días en el cargo y él, a cuatro años de asumir la presidencia de la república, sigue culpando de todos los problemas del país a sus antecesores y al modelo neoliberal, al cual dice haber sepultado ya. Es simple aritmética. Esta declaración presidencial parece ser el inicio de una campaña de desgaste. ¿A usted qué le parece?

Twitter: @homsricardo