Absténgase y dé marcha atrás al anuncio del 8 de agosto para que la Guardia Nacional pase al Ejército. Se trata de una verdadera anexión de facultades que violan la Constitución Política del país y la subordinan a un nuevo designio personal.

La reforma al Artículo 21 constitucional del año 2009 textualmente dispone: “…La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional…(cuyos) “…integrantes se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género…”

Esa reforma la propuso el Presidente de la República y hoy falta a su protesta de cumplimiento de la Constitución, que militariza otros renglones de la administración pública invadiendo funciones que corresponden a otras dependencias, como sucede con otros proyectos sexenales como el traslado de la administración del Aeropuerto y el Tren Maya al Ejército.

La decisión no es correctivo alguno a la corrupción, y pone anticipados obstáculos para cualquier cambio futuro, creando desde ahora un conflicto para cualquier reordenación conforme a lo que establece la Constitución, y en contra de cualquier decisión desde un próximo y distinto gobierno. Incurre la propuesta en dos graves faltas políticas: viola la Constitución y enciende una bomba de tiempo durante todo el término de gobierno que pueda sustituir al que usted hoy encabeza.

La Constitución es muy clara cuando habla de que la institución policial será de carácter civil y bajo mandos civiles. También se contrapone a lo dicho en su entrevista del 1 de junio de 2018, cuando señaló: “Por mí, desaparecería al Ejército”.

Esta anexión representa además el primer paso para la desaparición de las fuerzas armadas, lo que tampoco es conveniente para la seguridad nacional y el cuidado de la integridad territorial y la seguridad interior de nuestro país.

El único beneficiario con esta anexión de la Guardia Civil al Ejército será su gobierno, que ya concentra y centraliza cada día más y más poder, borrando de un plumazo el Pacto Federal y a la Administración Pública como una prestadora de servicios públicos a la población nacional, y convertida en agencia de empleos para su nueva burocracia corporativa.

El caminito que va a seguir ya nos lo sabemos. Es ya evidente la estrategia que —al igual que con la ley eléctrica— pasará por dictar un decreto el 16 de septiembre, por el cual los integrantes de la Guardia Nacional se mudan totalmente a la dependencia administrativa y operativa del Ejército.

El segundo paso será presentar la Iniciativa de Ley para que la mayoría integrada por su partido lo apruebe en la Cámara de Diputados y en la de Senadores y salga del horno legislativo para ser promulgada como Ley Orgánica de la Guardia Nacional, con las reformas que el decreto plantee para la militarización absoluta de la única policía federal de este país.

El tercer acto de esta anunciada representación consistirá en la interposición de un acción de inconstitucionalidad, por parte de la oposición en el Congreso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Todo ellos en preparación del acto final, en el que muy previsiblemente 7 ministros desaprobarán la propuesta y votarán por la inconstitucionalidad de la ley, pero 4 ministros la aprobarán, con lo que no se integrará el foro mínimo para que la declaratoria de inconstitucionalidad surta sus efectos y dicha ley deje de aplicarse.

El daño estará hecho, su nueva hazaña confirmada y el camino a la autocracia o dictadura libre, abierto y sin oposición, estorbo u obstáculo de ninguna naturaleza al contar con la coparticipación de los otros poderes.

Por eso, Presidente absténgase y reflexione en el escaso porcentaje de democracia que todavía debe circular en su sangre y en su conciencia. Hágalo por congruencia con lo que fue su convicción hasta antes de 2019 y que ofreció hacer por el bien de México.

Notario, exprocurador General de la República