Llegamos a 55 años del peor crimen de la historia de México, sin juzgar ni castigar a los responsables de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Para reivindicar la memoria de los mártires estudiantiles asesinados por el gobierno autoritario y represor, los contingentes del Frente Popular ´Tierra y Libertad´ y del Partido del Trabajo volvimos a marchar por las calles de Monterrey y a realizar un mitin popular en la Explanada de los Héroes de la Gran Plaza.

El pueblo mexicano no olvida ni perdona que el Presidente de la República, el más alto servidor público electo, haya ordenado hacer uso de todos los recursos del Estado para reprimir al movimiento estudiantil que luchaba por el derecho a la educación superior y por un México más justo, igualitario, libertario, democrático y en paz.

Esos recursos del Estado incluyeron el espionaje, las persecuciones, los encarcelamientos ilegales, las torturas y los asesinatos hasta llegar a la masacre mediante el uso de elementos militares y paramilitares.

La represión gubernamental o mejor dicho el terrorismo de Estado era el mecanismo para controlar la libertad de manifestación en las calles y el derecho de protesta pacífica. Así lo sufrieron los médicos, ferrocarrileros, copreros y el magisterio en sus luchas sociales de las décadas de los 50´ y 60´.

Por ello, el crimen de Estado perpetrado la tarde del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de Las Tres Culturas de Tlatelolco, donde las cifras estimadas por investigadores supera los 400 asesinados, es uno de los sucesos que más ha conmovido al pueblo en nuestra historia contemporánea.

La manifestación de estudiantes, profesores y ciudadanos de apoyo fue ametrallada por un escuadrón armado de élite, con el apoyo de todo el aparato de seguridad del gobierno federal encabezado por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Sin embargo, los sangrientos hechos fueron oficialmente ocultados y una nueva ola represiva se perpetró contra los líderes y cientos de participantes que sobrevivieron a la matanza de Tlatelolco.

Los procuradores de hacer justicia giraron una multitud de acusaciones penales por delitos como disolución social, asociación delictuosa, tenencia ilegal de armas exclusivas del Ejército Mexicano, daños a la propiedad ajena, robos, lesiones infringidas a representantes de la autoridad, falsificación de documentos, sedición, homicidios e incitación a la rebelión.

Por más de 30 años el papel del Estado en la masacre del 2 octubre fue ocultado por los sucesivos gobiernos de Díaz Ordaz hasta Ernesto Zedillo, igual que la matanza del 10 de junio de 1971, cometida por el grupo paramilitar de ´los halcones´, financiado, entrenado y armado por el Estado con el objetivo de controlar a los estudiantes de izquierda y anti-gobierno.

Ahora se sabe que varios grupos de agentes de seguridad mexicanos fueron enviados a Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Japón, para recibir capacitación en control de multitudes, lidiar con manifestaciones estudiantiles y disturbios públicos, tácticas de defensa física y combate cuerpo a cuerpo.

Mediante la infiltración en las universidades, en las organizaciones estudiantiles y en las movilizaciones de los comités de huelga, los agentes informaban de las actividades y las formas de lucha de las diferentes escuelas y, sobre todo, identificaban a los estudiantes.

En las marchas llegaron al grado de participar en hechos violentos, simulando pertenecer al ala radical del movimiento estudiantil, partidario de enfrentamientos y actos vandálicos. Con esta estrategia promovieron el clima de violencia para justificar la represión ante el pueblo y contribuir a la fractura interna de la organización de lucha entre los pacifistas y pro guerrilleros.

Tras 55 de los hechos, la Fiscalía General de la República mantiene en operación una Fiscalía Especial y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una Oficina Especial para la Investigación de la Violencia Política del Estado Mexicano y la Represión Durante el Pasado Reciente.

El castigo a los culpables de la atroz masacre es un deber con la justicia, los derechos humanos y la verdad histórica, por lo cual rendir tributo póstumo a los mártires estudiantiles es un llamado para que jamás la violencia sustituya el debate democrático, tal como el mensaje que se lanzó desde Chile al mundo, con motivo de los 50 años del brutal golpe militar fascista.