La supuesta inversión de 500 millones de dólares a largo plazo, para construir el fraccionamiento Valle de Reyes en el Cañón de Ballesteros de la Huasteca, debe recibir el más firme y contundente rechazo legal del Gobierno del Estado de Nuevo León.

     No es posible que después de 26 años de batalla jurídica, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado pretenda ordenar tal proyecto inmobiliario de lujo en una zona del Parque Nacional ‘Cumbres de Monterrey’, declarada como Área Natural Protegida desde 1939.

     Resultaría inaudito e inadmisible totalmente que el poder del dinero de los desarrolladores inmobiliarios sea impuesto por un Tribunal a la ciudadanía nuevoleonesa en su derecho a vivir en un medio ambiente sano, más aún cuando nuestra Constitución Política del Estado establece dicho derecho como un objetivo de orden superior.

     Reabrir la puerta legal a la construcción del multimillonario desarrollo habitacional, significaría dejar nuevamente que prevalezca la máxima del neoliberalismo: la economía se come a la ecología.

     Bienvenida la inversión productiva de índole nacional o extranjera. Sin embargo, autorizar que se inviertan 500 millones de dólares para construir lujosas residencias campestres y un campo de golf va en contra no solamente de un derecho constitucional, sino de los objetivos del Decreto Presidencial mediante el cual se declaró el Parque Nacional ‘Cumbres de Monterrey’.

     Tales objetivos son: mantener el equilibrio hídrico de la región a través de la cubierta vegetal, evitar la erosión de terrenos en declive y los cambios climáticos en la zona, controlar riesgos de inundaciones del Río Santa Catarina por derrumbes en las laderas de las montañas circunvecinas y conservar los recursos naturales.

     Dichos objetivos fueron decretados visionariamente desde hace 83 años por el Presidente Lázaro Cárdenas del Río y ratificados por el Presidente Manuel Ávila Camacho mediante otro Decreto que emitió en 1942. 

     A pesar de que ambos Decretos fueron derogados en el 2000 por el Presidente Ernesto Zedillo de León, debido a presiones de los zares inmobiliarios y obligado por los influjos de las políticas neoliberales, en su Decreto mantuvo la prohibición de autorizar la fundación de nuevos centros de población, de urbanizar las tierras ejidales, comunales o particulares, así como de desarrollar o construir campos de golf, de edificar o construir infraestructura o construir nuevas vías de comunicación.

     La batalla legal para llevar a cabo el proyecto Valle de Reyes comenzó en 1996, cuando el fideicomiso integrado por Grupo Banorte, por Maple Urbanizadora operada por la empresa Metrofinanciera y por la Inmobiliaria Dos Carlos de la familia Ancira, propietarios de AHMSA, adquirieron el terreno ubicado en el Cañón de Ballesteros para construir un sector habitacional exclusivo para personas de elevados ingresos.

     Aunque dicha adquisición fue un despojo a ejidatarios y comuneros, se dio a conocer que la empresa Dos Carlos vendió el predio a Urbanizadora Marfil, Maple o Greco, propiedad del ex presidente de la Cámara Nacional de Desarrollo de la Vivienda, quien desde hace 26 años litiga el amparo contra el Decreto de Redelimitación del Presidente Zedillo, que de 245 mil hectáreas redujo a 117 mil hectáreas la extensión del Parque Nacional, el cual en el 2006 sería declarado Reserva de la Biósfera por parte de la UNESCO.

     En el largo proceso para ‘invertir’ los 500 millones de dólares, lo más cuestionable fue la aprobación vía fast track y nada transparente del gobierno de Santa Catarina de entonces. En sesión extraordinaria del Ayuntamiento, convocada con menos de una hora de anticipación, aprobó en tan sólo doce minutos el Plan de Aprovechamiento Sustentable de La Huasteca 2006-2030, donde se incluyó el proyecto inmobiliario Valle de Reyes.

     Aunque la siguiente administración santacarinense revocó el Plan por no haberse publicado en el Periódico Oficial del Estado, es el tema en litigio en estos momentos de mayor crisis ambiental de la zona metropolitana de Monterrey por los impactos negativos del cambio climático.

     Absurdo será permitir que la economía deteriore la ecología todavía más, sean legítimos o no los intereses inmobiliarios, por violentar el derecho ciudadano a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo.