Suprema Corte ordena a 4T liberar datos de Pegasus y Calica

La Suprema Corte de justicia ordenó que el Gobierno Federal entregue información sobre los casos Pegasus y Calizas Industriales del Carmen (Calica), luego de que los detalles fueron reservados. 

La votación llevada al Pleno resultó con nueve votos a favor y dos en contra, siendo las disidentes las ministras Loretta Ortiz y Lenia Batres. 

Así la votación en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia

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— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 6, 2024

Con esto, la Unidad de Inteligencia Financiera deberá exponer la "versión pública de los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagnósticos, así como del sistema de pagos electrónicos interbancarios"

Lo anterior después de que Santiago Nieto, extitular de la UIF reveló que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en aquél entonces PGR, adquirió la herramienta informática por 32 millones de pesos a NSO Group, además de otros pagos que suman más de 6 mil millones de pesos a otras empresas involucradas con dependencias. 

Los detalles fueron reservados por la UIF durante 5 años, luego de que el organismo alegó que liberarlos podría poner en riesgo las técnicas de seguridad y la investigación de delitos. 

Por otro lado, el gobierno también deberá compartir información sobre el caso de Calica, empresa propiedad de la firma estadounidense Vulcan Materials, que acusa al gobierno federal de 'despojarla' de su concesión para explotar piedra caliza en Quintana Roo desde 2019.

La empresa fue denunciada por violaciones a los derechos humanos y ha sido señalada por el presidente López Obrador por supuestos daños ambientales durante sus mañaneras.  

En 2022, el INAI ordenó que se hiciera pública la denuncia que se efectuó en 2022 por el Gobierno Federal contra la empresa, luego de que la información fue reservada por supuestamente facilitar actividad "tendente a destruir o inhabilitar infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, incluyendo el servicio de agua".

Vulcan reclama indemnización de mil 900 millones de dólares.