Reducirán 18% violaciones a derechos humanos para 2024

El gobierno federal se ha puesto como meta reducir para 2024 —al concluir el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador— las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos sólo en 18%.

En el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, presentado hace casi un mes por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, se estipularon cinco metas para el bienestar, las cuales fueron definidas como "compromisos del gobierno de México a alcanzar hacia el final del sexenio".

Una de las metas contempla que en 2024 ocurran 19 mil 936 violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades, 18% menos respecto a las 24 mil 476 registradas en 2018.

Para medir el cumplimiento de esta meta, el gobierno federal tomará como referencia el Censo Nacional de Derechos Humanos federal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual se publica cada año.

Aparte de esto, el gobierno federal también estableció como meta para el final del sexenio otra reducción de 18% en las violaciones a derechos humanos cometidas por funcionarios en contra de sectores históricamente discriminados (mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores; personas con discapacidad, y pueblos indígenas).

En 2018, 403 ciudadanos que forman parte de los sectores históricamente discriminados fueron víctimas de alguna vulneración, pero para 2024 esa cifra se buscará que se reduzca a 330.

En su programa nacional de derechos humanos, el gobierno federal admitió que "la herencia más dolorosa que recibió la presente administración es la profunda crisis de derechos humanos que se vive en todo el país", además de encontrar las raíces de este problema en la desigualdad, la pobreza, la violencia y la impunidad.

Explicó que el incremento de 303% en los homicidios cometidos entre 2007 y 2018, así como el aumento del feminicidio y las desapariciones, son signos de una crisis que se gestó "a partir de la evidente incapacidad del Estado mexicano para prevenir y atender oportunamente las violaciones a los derechos humanos, así como para garantizarle a cada una de las víctimas sus derechos a la memoria, la verdad, la justicia y la reparación".

Van por confianza de 40%. La administración del presidente López Obrador no sólo se ha propuesto reducir las violaciones a derechos humanos en 18%, también ha estipulado otras tres metas relacionadas con el fortalecimiento del Estado de derecho, la disminución de ciertos delitos de alto impacto y ganar la confianza de los ciudadanos.

Sobre este último punto, el gobierno federal se ha propuesto conseguir la confianza de 40% de los ciudadanos para 2023; en 2017 la confianza era de 25.5%.

Para medir su progreso en esta meta las autoridades tomarán como referencia la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, que se publicará este 2021 y en 2023.

Tasa delictiva. Otro aspecto a cumplir será la reducción de la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes para ciertos delitos del fuero común. En 2018 la tasa era de 216.79 y para 2024 se espera disminuirla a 184.5.

Los delitos que se buscará disminuir son: el homicidio, el feminicidio y las lesiones (delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal), el secuestro, el tráfico de menores, el rapto y otros ilícitos que atentan contra la libertad personal, corrupción de menores, trata de personas y los que atentan contra la sociedad. La última meta de la Federación será fortalecer el Estado de derecho, para lo cual se tomará como referencia un índice elaborado cada año por la organización internacional World Justice Project.

Las autoridades contemplan que para 2024 la evaluación de México en ese índice sea de 0.47, donde uno representa el máximo apego de un país al Estado de derecho.

Sobre sus metas para el bienestar, el gobierno federal también señaló "el conjunto de estos indicadores constituye el compromiso del gobierno de México con la sociedad mexicana y la comunidad internacional de dar seguimiento a la implementación del programa.

"Sin embargo, este cuerpo de indicadores por sí mismo es insuficiente para dar evidencia exhaustiva de los ámbitos a los que contribuyen, por lo que debe considerarse información adicional, no sólo para orientar el rumbo de la política nacional en derechos humanos, sino también para evaluar el grado de cumplimiento del Estado mexicano en la materia", refirió .