Provoca el narco la peor temporada de incendios en la última década

La disputa interna del Cártel de Sinaloa convirtió los bosques que unen Sinaloa, Durango y Chihuahua en una zona de guerra con minas terrestres, explosivos y ataques con drones, situación que además desató la peor temporada de incendios forestales en una década.

Solo en el primer semestre de 2025 ardieron más de 281 mil hectáreas de bosque en la Sierra Madre Occidental, más del doble de lo registrado en el mismo periodo de 2024 y superando toda la afectación de ese año y de 2023.

El conflicto comenzó en septiembre de 2024, tras la ruptura entre las facciones de "Los Chapitos" y las de Ismael "El Mayo" Zambada, lo que provocó enfrentamientos y detonaciones que originaron incendios en zonas remotas.

Habitantes de las comunidades serranas relatan que muchos incendios iniciaban minutos después de escuchar explosiones de drones o avionetas, mientras el fuego se extendía sin control ante la ausencia de autoridades.

Especialistas explican que la devastación también se agravó por sequías severas, recortes presupuestales a Conafor y gobiernos locales, y el debilitamiento de programas de prevención y reforestación.

Un análisis de más de 7 mil incendios y 240 mil alertas satelitales muestra que 2025 rompió con la tendencia de la última década, concentrando la mayor superficie afectada justamente en zonas de alta confrontación criminal.

En Sinaloa, la violencia paralizó escuelas, clínicas y comercios; obligó a maestros y médicos a huir; destruyó aserraderos y dejó a las comunidades sin servicios básicos, mientras los incendios avanzaban sin respuesta institucional.

En Chihuahua, los grupos armados recrudecieron el acoso contra pueblos indígenas, quemaron bosques para desplazarlos y controlaron la actividad maderera. Incluso se registraron incendios fuera de temporada, algo inédito en diez años.

En Durango, la violencia escaló con avionetas que lanzaban explosivos en municipios serranos. 

Las autoridades estatales reconocieron que gran parte de los incendios tenía origen en acciones criminales vinculadas a la disputa interna.

Expertos en seguridad advierten que el uso de drones, minas y explosivos artesanales demuestra una evolución militar del crimen organizado, mientras las comunidades serranas intentan recuperarse entre paisajes carbonizados y un conflicto que sigue activo.

Organizaciones ambientales y brigadistas civiles señalaron que la combinación de violencia y abandono institucional ha dejado una brecha crítica para la recuperación de los ecosistemas. En muchas zonas, los pobladores han tenido que organizarse por cuenta propia para crear brechas corta-fuego, rescatar fauna herida y vigilar el avance de nuevos siniestros, mientras denuncian que la respuesta oficial llega tarde o simplemente no llega. 

La pérdida de cobertura forestal también amenaza la disponibilidad de agua en al menos 40 comunidades serranas que dependen directamente de los manantiales locales.