Piden reparación del daño para víctimas de Juárez

CIUDAD DE MÉXICO, julio 3 (EL UNIVERSAL). - La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigió la recomendación 111VG/- 2023, al Instituto Nacional de Migración (INM ), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por el incendio del 27 de marzo en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 40 migrantes y 27 resultaron con lesiones.
El organismo solicitó al comisionado del INM Francisco Garduño colaborar con el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para la inscripción al Registro Nacional de Víctimas de las personas fallecidas y lesionadas.
Una vez que la CEAV emita el dictamen correspondiente conforme a las violaciones a derechos humanos se procederá a la reparación integral del daño a las 67 víctimas y sus familiares, en los términos de la Ley General de Víctimas.
La CNDH también requirió al INM que, en un plazo de dos meses a partir de la aceptación de la recomendación, se realicen visitas de revisión a las estaciones migratorias y estancias provisionales en Chihuahua, a fin de reportar su situación e identificar las adecuaciones necesarias para que se cumplan los programas en materia de protección civil.
Subrayó que en un periodo de seis meses a partir de la aceptación de la recomendación se deberán impartir a los servidores públicos adscritos a la Oficina de Representación del INM en Chihuahua capacitaciones en materia de protección civil, así como un curso sobre los derechos humanos a la protección de la vida, al trato digno y a la integridad de las personas que se encuentren sujetas a procedimientos administrativos migratorios.
El curso también deberá dirigirse al personal de la empresa privada que preste servicio en oficinas del INM, el cual deberá ser efectivo para prevenir hechos similares a este caso.
Con la finalidad de atender a la cultura de paz del Estado mexicano, una vez que se dé cumplimiento a lo anterior se deberá informar a la CNDH.
En el caso de la Segob, el organismo solicitó a su titular, Luisa María Alcalde, que dentro del diseño de la política migratoria y de movilidad humana, establezca acciones para reforzar la protección y seguridad de las personas en contexto de migración.
Asimismo, garantizar el respeto pleno a sus derechos humanos y la no repetición de los hechos, establecer mecanismos confiables de supervisión, control y verificación permanentes de las estaciones migratorias. Además, impulsar acciones y medidas de prevención a efecto de que el INM garantice la reparación integral a las víctimas.
En tanto, a la encargada de despacho de la Cancillería, Carmen Moreno, la CNDH recomendó impulsar el diseño de una estrategia de coordinación en materia migratoria que comprenda acciones de carácter prioritario con objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de que garanticen la seguridad y el respeto pleno a los derechos humanos de las personas en contexto de migración.
Asimismo, establecer mecanismos de coordinación y responsabilidad para el establecimiento de una política migratoria y, por ende, el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.
La comisión remarcó que a los 67 extranjeros no se les otorgó una estancia digna y de respeto a sus derechos humanos, ya que los servidores públicos del INM omitieron proporcionar condiciones adecuadas.
El personal del INM en su calidad de garante omitió cumplir con la obligación positiva que implicaba llevar a cabo todas las gestiones y acciones preventivas necesarias y razonables para salvaguardar la vida e integridad y seguridad personal.
Por otro lado, se acreditó la responsabilidad de la Segob, que tiene la atribución de formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana.
También de la SRE, que a través de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria cuenta con funciones de coordinación de las políticas, así como programas, acciones de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública federal en materia migratoria.