Desplazadas y asesinadas por buscar a los suyos

El esposo de Alma Lilia Castro López desapareció el 9 de octubre de 2019 en Acapulco, Guerrero. Temía denunciar, hasta que se unió a un colectivo de búsqueda de su entidad.

Los restos de su esposo, Sabas Felipe Ventura, fueron hallados en una fosa clandestina y tras un cotejo de ADN fue entregado a su familia en diciembre de 2021. Allí comenzaron las amenazas de muerte contra Alma.

Al principio, su colectivo aconsejó que no tomara en serio las intimidaciones, porque quienes buscan personas desaparecidas refieren que esta situación ocurre con frecuencia. Ven las agresiones, riesgos y el desplazamiento forzado como costo por buscar a sus seres queridos.

Alma Lilia continuó con su rutina y acudía a la fiscalía para saber los avances del caso de su esposo, hasta que intentaron raptarla, pero logró escapar.

La familia de Sabas buscó el apoyo de diferentes instancias para ser desplazados de forma voluntaria y que su vida no estuviera en riesgo, pero no obtuvieron respuestas favorables.

Recurrieron al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y ante la negativa, se refugiaron en una vivienda en obra negra que un familiar les ofreció. Les llevaban comida y artículos de uso personal.

"Nos quedamos en cartones. No había luz ni baño", cuenta. El miedo mantuvo a Alma y a su familia en un encierro de varios días, hasta que su colectivo recaudó dinero para que pudieran irse a otro estado. Hoy están lejos de Guerrero, de su casa y de sus seres queridos, pero vivos.

El Comité contra la Desaparición Forzada en su informe sobre su visita a México contabiliza 13 buscadoras de diciembre de 2010 a enero de 2022 que fueron asesinadas, presuntamente en represalia a sus labores, pero un conteo realizado por EL UNIVERSAL muestra que a la fecha son al menos 18 casos, el más reciente: María Carmela Vázquez, ultimada el 6 de noviembre pasado, en Abasolo, Guanajuato. Buscaba a su hijo Óscar Zúñiga Vázquez, desaparecido el 14 de junio de 2022.

Familias completas, 

en peligro

Las represalias por buscar verdad y justicia en sus casos también ha alcanzado a otros integrantes de la misma familia.

Magali Jardón Guadarrama sufrió intimidaciones por buscar a su esposo Rogelio Fuentes, desaparecido en Iguala, Guerrero, el 7 de septiembre de 2019.

Los agresores cumplieron parte de sus amenazas al asesinar a su hijo de 15 años, Rogelio Fuentes Jardon, el 20 de noviembre de 2021. Magali cuenta con el apoyo de su colectivo, pero está en el abandono institucional y su integridad sigue en riesgo.

La líder del colectivo de Magali, Yoltzin Martínez, tuvo que ser desplazada de Guerrero después de las continuas amenazas de muerte y el incendio de su automóvil frente a su domicilio. Ahora, desde otra entidad, Yoltzin continúa buscando a su hermana Yatzil Martínez Corrales, desaparecida en Acapulco en 2010.

Yoltzin inició exigiendo justicia para su caso y posteriormente brindó acompañamiento a otras víctimas. Pudo ingresar al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al comprobar su labor como activista.

Las familias cumplen funciones de búsqueda e investigación que le competen al Estado, pero éste no les garantiza protección. El Mecanismo de Protección sólo reconoce a 199, en su mayoría mujeres, como defensoras de derechos humanos relacionadas a la búsqueda de personas.

"Las madres buscadoras se han tenido que convertir en defensoras de derechos humanos para exigir sus garantías y las de otras familias, y es ahí que el mecanismo entra en esta dinámica de protección", señala el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Enrique Irazoque Palazuelos.

Sin embargo, no todas las personas que buscan a sus desaparecidos y están en riesgo obtienen medidas de protección.

"No hay un sistema de protección a la seguridad e integridad de las víctimas, y se pretende que el mecanismo absorba esas obligaciones cuando no tenemos las atribuciones para integrarlas como víctimas de un delito, sin acreditar que son defensoras de derechos humanos o periodistas", afirma.

Hay 60 servicios de escolta con más de 260 elementos de protección distribuidos en el país. Existen 460 domicilios con infraestructura de seguridad y más de mil 300 dispositivos de asistencia que generan una comunicación constante con el mecanismo que atiende a más de mil 600 personas en riesgo.

De los 82 refugios de seguridad donde se genera un desplazamiento forzado interno para reubicar a defensores y periodistas, 15 han sido para quienes están ligadas a la búsqueda de personas desaparecidas y sus familias, ante la imposibilidad de brindarles seguridad.

"Tenemos ubicados a Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Veracruz y el Estado de México como las entidades federativas donde más personas buscadoras han solicitado auxilio del mecanismo", revela su titular.

En su mayoría, las agresiones provienen de la delincuencia organizada, pero también de autoridades municipales: "Necesitamos que los municipios dejen de agredir a periodistas y defensores. No sólo no brindan protección, sino que además son parte del problema.

"Ante la existencia de sectores de impunidad tenemos que aumentar nuestras capacidades para proteger a más personas. En vista de que hay pocas sentencias a las agresiones, si todo se concentra en el mecanismo, si continúa la falta de colaboración de las entidades y municipios, el mecanismo no podrá sostenerse", advierte.

Sin acceso a la justicia

Quienes buscan personas desaparecidas enfrentan la ruptura de su núcleo familiar y a veces a eso se suma el desplazamiento forzado interno a raíz del delito, la inseguridad o por amenazas.

La experta en desplazamiento forzado interno, Brenda Gabriela Pérez Vázquez, afirma que este fenómeno se debe a la falta de acceso a la justicia: "No hay diagnósticos especializados sobre este vínculo en concreto, ambos hechos se asumen de manera separada, pero por casos documentados sabemos que es una realidad mucho más común de lo que imaginaríamos.

"Las personas pueden enfrentar persecución, incluso nuevas desapariciones, asesinatos y torturas cometidas en su contra o de sus acompañantes. Están obligando a las personas a salir de sus entidades para buscar a sus familiares desaparecidos o buscar otras formas para acceder a la justicia", expresa.

Pese a que no existe un registro oficial de personas desplazadas internamente que permita dimensionar esta problemática, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha documentado este fenómeno, y su registro histórico acumulativo, hasta diciembre de 2020, es de 356 mil 792 personas afectadas.