A prisión, tres por torturar a acusado

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.- Por los delitos de tortura, contra la administración de la justicia y abuso de autoridad en el caso Ayotzinapa, un juez federal dictó formal prisión contra un elemento de la Policía Federal Ministerial, un marino y un director de área de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR. El director de área de la AIC, Ezequiel Peña Cerda; el marino Ariel Agustín Castillo Reyes y el exdirector de Equipos Especiales de la Policía Federal Ministerial de la FGR, Isidro Junco Barajas, detenidos la semana pasada, son acusados de tortura contra Carlos Canto Salgado, quien presuntamente participó en la desaparición de los 43 estudiantes en octubre de 2014, informó la fiscalía. Los actos de tortura se evidenciaron cuando en junio del año pasado se difundió un video en el que se ve a los elementos ministeriales interrogar sobre el paradero de los estudiantes a Canto Salgado, quien estaba vendado de los ojos y atado de manos. Además de tortura, la FGR logró imputar los delitos contra la administración de la justicia y abuso de autoridad a Ezequiel Peña Cerda y Ariel Agustín Castillo Reyes. Fueron puestos a disposición del juez Noveno de Distrito, con residencia en Iguala, Guerrero, el cual giró la orden de aprehensión. Se encuentran presos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, Noroeste, ubicado en El Rincón, Tepic, Nayarit. Por estos hechos, la Interpol busca al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces PGR, Tomás Zerón de Lucio, y al extitular de la Policía Federal Ministerial (PFM), Carlos Gómez Arrieta.

VINCULAN A PROCESO A DOS POLICÍAS POR MATAR A VAGONERO

Un Juez de Control vinculó a proceso a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), adscritos a la Policía Auxiliar, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en contra de un vagonero del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, por lo que deberán permanecer en el Reclusorio Oriente. Durante la audiencia inicial, el juzgador calificó de legal la detención, por lo que el representante social de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio fo