Presentan iniciativa sobre sustracción ilegal de agua

Para para tipificar como delito equiparable al robo la sustracción ilegal de agua potable, la bancada Independiente presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado.

La diputada Rocío Montalvo Adame, dijo que esto ya era necesario ante el grave problema de tomas clandestinas y la comercialización ilegal de agua potable

Por tal motivo, la legisladora en su propuesta pide para los responsables penas de 4 años a 10 de prisión.

La legisladora busca combatir con firmeza el llamado "aguachicoleo" así como las más de 158 mil conexiones irregulares detectadas por Agua y Drenaje de Monterrey en la zona metropolitana, que además de afectar el suministro, dañan la infraestructura y puede llegar a encarecer el servicio para todos los usuarios legales.

"Ante las circunstancias de escasez y la crisis de 2022, el robo de agua no es una falta menor, debe ser considerado un delito que atenta contra la seguridad hídrica de todos los habitantes del estado. Mientras miles de familias cumplen con su pago y sufren cortes, hay redes clandestinas con tomas ilegales y pipas pirata que lucran con un recurso que es de todos. Esto debe parar ya y ser sancionado", declaró.

La iniciativa se alinea con esfuerzos legislativos como en el Estado de México y propuestas a nivel federal, y propone la creación del Artículo 365 Bis 2 en el Código Penal del Estado. 

Este nuevo delito sancionaría tres conductas específicas: sustraer agua de la red de distribución, alterar la infraestructura hidráulica para obtenerla y realizar conexiones irregulares.

"La crisis hídrica de 2022 nos dejó bien claro que cada gota cuenta. Estas tomas ilegales detectadas por Agua y Drenaje además de robar agua, también dañan tuberías, provocan fugas masivas y dejan sin presión a colonias enteras. Esto afecta a las familias. Es un crimen contra el patrimonio público y contra el derecho humano de acceso al agua potable", explicó la diputada.

La reforma establece sanciones de 4 a 8 años de prisión por la sustracción o conexión irregular, la pena se eleva a de 6 a 10 años si el agua robada se destina a comercialización masiva a través de pipas o cisternas ("aguachicoleo").

(JMD)