La Suprema Corte nos dio la razón: Samuel García

En un round más por el control de la Defensoría Pública de Nuevo León, el gobernador Samuel García Sepúlveda afirmó ayer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón al Estado.

Abordado al término de su recorrido por Nuevolandia, en el Parque Fundidora; el mandatario estatal insistió en que mantendrá el control del Instituto en tanto se resuelve el fondo del asunto, cuyo fallo confía también sea a su favor.

Versión que contrasta con la del Poder Judicial, el cual asegura que la suspensión concedida al Ejecutivo Estatal por el Máximo Tribunal queda sin efectos respecto a los actos ya consumados.

"Siempre ha estado en el Ejecutivo y la Corte nos dio la razón, una demanda que yo promoví donde nos dicen que todo se queda igual y se queda con nosotros", aseveró.

Inclusive, invitó a los ciudadanos que requieran de alguna atención legal a conducirse como siempre.

Los servicios y trámites se otorgarán como en semanas anteriores a la disputa por su control.

Tan es así que, dijo, es el Estado quien aporta el recurso para su manutención y la nómina de su personal.

"La administración, la dirección y el recurso sigue siendo mío y ya la Corte dice que todo se queda igual, el Estado va a seguir dando la defensoría", refirió.

Este viernes, el gobierno del Estado informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó una suspensión, mientras se estudia el fondo del caso.

Con ello, el Ministro Juan Luis González Alcántara acreditó como director a Héctor Viniegra, nombrado la semana anterior por la Junta de Gobierno del organismo.

 "Se solicita que no se ejecute el Acuerdo General Número 8/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León (Poder Judicial), por el que se determina la organización y funcionamiento del Instituto de Defensoría Pública del Estado", cita la suspensión.

Sin embargo, horas más tarde, el Consejo de la Judicatura envió un comunicado en el que informa que la SCJN, a través del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, determinó que el PJE pude continuar al frente.

"Derivado de la Controversia Constitucional 276/2023 promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, y que busca interrumpir todos los efectos y consecuencias que derivan del Acuerdo General 8/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León; el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá resolvió dentro del incidente de suspensión que la misma NO surtirá efectos, cuando se trate de actos ya consumados", cita el documento.

"La suspensión dejará de surtir sus efectos en caso de que con anterioridad a la notificación del presente proveído se hayan consumado los efectos de dicho acuerdo; o bien, si las determinaciones o los procedimientos contenidos en éste se hubieran realizado parcialmente, los efectos de la medida cautelar solo operarán respecto de las partes que no se hubieran ejecutado".

Desde el pasado 14 de abril, el PJE tomó las instalaciones de la Defensoría Pública y nombró a Luis Alberto García Alcántara, como nuevo director.

También se efectuó la aplicación de diversas medidas de protección; así como la designación como depositario judicial e interventor de García Alcántara, derivada de las medidas cautelares otorgadas por el Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado.

El Acuerdo General 8/2023 del Consejo de la Judicatura determina la nueva organización y funcionamiento de la Defensoría Pública, el despido de su anterior titular, Reynaldo Cantú Shay; así como la orden a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de transferir recursos financieros y posesión o servicios contratados para el mismo.