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Aseguran afecta a acuerdos las vacaciones de el Periódico Oficial

Aseguran afecta a acuerdos las vacaciones de el Periódico Oficial


Publicación:19-12-2025
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La entrada en vigor de esta ley no es un asunto discrecional, sino una obligación constitucional ligada a la garantía efectiva de derechos humanos

Haber cerrado el Periódico Oficial por vacaciones causa una gran afectación en acuerdos aprobados, así lo señalo la bancada de Morena en el Congreso Local.

La diputada Grecia Benavides Flores presidenta de la Comisión de Bienestar, Derechos Humanos, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, señaló que el Congreso del Estado de Nuevo León cumplió con su responsabilidad constitucional al aprobar por unanimidad la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas

Y cuestiono que ahora por una decisión administrativa del Poder Ejecutivo ha impedido que esta reforma entre en vigor, lo que vulnera el ejercicio efectivo de los derechos que la propia norma reconoce.

La legisladora subrayó que la decisión del gobernador de adelantar las vacaciones del Periódico Oficial del Estado ha tenido como efecto que la reforma permanezca sin efectos jurídicos, manteniendo a las comunidades indígenas y afromexicanas sin protección jurídica efectiva.

La Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas establece un marco integral para reconocer, proteger y hacer exigibles derechos colectivos e individuales, entre ellos la autoidentificación como criterio fundamental de pertenencia, el acceso a intérpretes y servicios públicos con enfoque intercultural, la educación intercultural bilingüe y la protección de la medicina tradicional.

La ley fue aprobada por unanimidad por el Congreso del Estado en el último día de sesiones del periodo ordinario, como resultado de la reposición del procedimiento legislativo ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tras la realización de un proceso formal de consulta con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La entrada en vigor de esta ley no es un asunto discrecional, sino una obligación constitucional ligada a la garantía efectiva de derechos humanos.

 

 



« El Porvenir / Jorge Maldonado »