Siguen policías sin declarar

Los diez policías implicados en el secuestro de un joven sempetrino, podrían alcanzar una pena de hasta 100 años de prisión en caso de ser sentenciado por un Juez de Control de Monterrey.

Hasta el momento los implicados, que aún forman parte de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro, no ha declarado ante las autoridades pues se acogieron a los beneficios del artículo 20 Constitucional.

Fue el pasado miércoles, cuando otros tres uniformados implicados en la banda de secuestradores fueron detenidos mediante una orden de aprehensión.

Los acusados fueron identificados como Alejandra, de 28 años; David Eduardo, de 29, y Raymundo de Jesús, de 26.

Anteriormente ya habían sido detenidos sus compañeros, Cristina Guadalupe, de 35 años; Jorge Alberto, de 32; Urías Jahaziel, de 34; Luis Antonio, de 35; Jesús Eduardo, de 20; Oziel Alejandro, de 27, y Óscar Eduardo, de 35.

Las autoridades mencionaron que todos los policías están internados en penales estatales.

Indicaron que los tres primeros comparecieron mediante el sistema de videoconferencia y el Ministerio Público les imputó el delito de secuestro agravado.

La mujer está desde la noche del miércoles en el Centro de Internamiento Femenil de Escobedo, y sus cómplices en el Cereso de Apodaca.

Los tres se limitaron a escuchar la imputación, pero no la respondieron y solicitaron al juez que les concediera más tiempo para aportar pruebas a su favor.

Según los informes de las autoridades fue el pasado 22 de Julio, cuando los uniformados secuestraron a un joven de 25 años de edad, en una residencia de San Pedro.

Los uniformados privaron ilegalmente de su libertad al joven, cuya identidad fue resguardada por seguridad, durante unas horas y luego lo entregaron a miembros del grupo delictivo que opera en el municipio.

Los delincuentes lo mantuvieron cautivo tres días y exigieron a sus familiares 2 millones de pesos como rescate, monto que no se pagó.

Afortunadamente el afectado logró escapar y acudió directamente a las oficinas de la Fiscalía de Justicia, en donde se inició una investigación.

La Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro establece una pena mínima de 50 años de cárcel y una máxima de 100, porque los acusados son integrantes de una institución de seguridad pública.