Revelan pacto entre Bukele y Cártel Mexicano

En 2023, y siendo todavía presidente de El Salvador, el publicista derechista salvadoreño Nayib Bukele aceptó entrar a negociaciones secretas con un intermediario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos de México, y ofrecerle un millón para que le ayudara a recapturar a uno de los más importantes jefes mareros o pandilleros del país centroamericano.

La revelación fue hecha este viernes por el periódico digital salvadoreño El Faro. En noviembre pasado, Bukele obtuvo seis meses de licencia legislativa para competir en las elecciones del 4 de febrero próximo y en su lugar, como designada presidencial, eligió a una aliada, la contadora derechista Claudia Rodríguez, en su reemplazo hasta junio de 2024.

El Faro publicó que el gobierno de Bukele, que inició en junio de 2019, "conspiró con líder pandillero para recapturar" por intermedio "de un cártel mexicano" al salvadoreño Élmer Canales Rivera, alias "Crook" y uno de los jerarcas nacionales de la Mara Salvatrucha (MS—13), una de las dos tenebrosas pandillas que operan en El Salvador, Guatemala, Honduras, México, más de 36 estados de Estados Unidos y con redes en Europa.

La otra pandilla es la Mara 18 (M—18), que tiene dos ramificaciones: Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños.

Canales fue "liberado en secreto por el gobierno salvadoreño en noviembre de 2021, como parte de los acuerdos que Bukele pactó" con la MS—13 y las dos de la M—18, precisó El Faro.

"Cuando (Canales) fue liberado, el veterano pandillero de la MS-13 estaba condenado a 40 años de prisión y solicitado en extradición por EU. Esto último agregaba otro elemento de premura al gobierno salvadoreño: saber que no era el único participando en la cacería", informó.

El gobierno salvadoreño seguía este sábado sin emitir una reacción oficial a las revelaciones periodísticas, pues CJNG recapturaría a peligroso líder pandillero de El Salvador y se lo entregaría.

El gobierno de Bukele "estuvo dispuesto a pagar un millón de dólares al poderoso cártel mexicano Jalisco Nueva Generación para que raptara al líder pandillero y lo entregara –de preferencia vivo– en una ubicación secreta", añadió el medio digital.

"Audios y mensajes de teléfono en poder de El Faro revelan que el gobierno de Bukele intentó recapturar al líder marero" que operó con el alias de "Crook", precisó.

El diario digital aseguró que "comprobó" que el inspector salvadoreño Raúl Eduardo Reyes Escuintla, jefe de la División Élite Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil de El Salvador, "se involucró durante varios meses de 2023 en conversaciones" con "coyotes" o traficantes de personas "y un líder pandillero prófugo".

Según la revelación periodística, las autoridades salvadoreñas "revelaron" a ese fugitivo "información de inteligencia, pagaron viáticos y concedieron la liberación de su hermana a cambio de que negociara con el Cártel Jalisco Nueva Generación la recaptura" de "Crook", ya detenido en EU.

"Desde luego, aseguró Rafael al policía, el cártel no trabajaría gratuitamente, ni tampoco su pandilla, ni tampoco él, y habría que negociar un precio para cada uno. Solicitó además dinero de ´viáticos´ para movilidad y comunicación. El inspector Escuintla le aseguró (en una llamada telefónica) que eso no sería un problema. Rafael dice que acordaron 6 mil 500 dólares para viáticos, pero sólo recibió 4 mil, entregados a su familia en efectivo", puntualizó.

Tras advertir que el CJNG se consolidó como una de las narcomafias más importantes de México, en choque con el Cártel de Sinaloa, El Faro relató:

Bukele implantó desde marzo de 2022 un sistema en El Salvador para restablecer la seguridad ciudadana al imponer un estado de excepción con fuerzas militares y policiales, ejecutar arrestos masivos indiscriminados y arbitrarios, efectuar juicios multitudinarios con sentencias en bloque y construir cárceles para 40 mil reclusos.

El cuestionado mandatario mandó encarcelar a más de 70 mil presuntos criminales—mujeres y hombres, menores de edad y miembros de las pandillas, logró reducir los homicidios y otros índices, pero agravó las presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas a las estructuras estatales de seguridad.