Externaliza Reino Unido la gestión migratoria

Siguiendo el ejemplo de la Unión Europea (UE), el gobierno del primer ministro británico, 

Rishi Sunak, ha decidido apostar por la externalización de la gestión migratoria para enfrentar los movimientos irregulares. 

La UE ha elegido socios como Turquía, Libia y Túnez para controlar los flujos migratorios en el Mediterráneo. 

Sin embargo, Reino Unido, al no poder delegar en Francia la protección de su frontera marítima en el Canal de la Mancha, ha recurrido a un socio distante, Ruanda.

A diferencia de Bruselas, Londres se ha encontrado con múltiples obstáculos legales que intentan neutralizar el plan. 

Organizaciones defensoras de derechos humanos y la ONU han denunciado que Ruanda no es una "nación segura" para los migrantes y carece de la capacidad administrativa para gestionar la problemática británica. 

Pese a esto, el Parlamento británico aprobó el plan en abril tras introducir enmiendas para sortear los argumentos de la Corte Suprema que frenaban la iniciativa.

El premier Rishi Sunak calificó esta legislación como "histórica" y un cambio fundamental en la gestión global de la migración. 

Afirmó que el proyecto disuadiría a los migrantes de hacer peligrosas travesías y rompería el modelo de negocios de las redes delictivas. 

Anunció que el primer vuelo de deportados a Ruanda saldría en 10 o 12 semanas, tras finalizar los trámites de un nuevo tratado vinculante en derecho internacional y nacional en Ruanda.

El plan del gobierno conservador establece que todas las personas que hayan entrado irregularmente a Reino Unido después del 1 de enero de 2022 serán enviadas a Ruanda. 

Allí se tramitarán sus solicitudes de asilo y, en caso de ser aprobadas, obtendrán el estatuto de refugiado con derecho a permanecer en Ruanda. 

A quienes no se les conceda el asilo se les otorgará residencia permanente en Ruanda, donde podrán integrarse en la sociedad.

Los críticos, particularmente la oposición laborista, han acusado a los conservadores de manipular la situación.

Argumentan que el problema se ha agravado por la negligencia de los gobiernos conservadores desde 2010. 

En 2022, llegaron a Reino Unido 47,700 personas a través del Canal de la Mancha, un aumento significativo respecto a años anteriores. 

Los laboristas señalan que el problema no radica en el número de llegadas, sino en la falta de acción contra las redes de tráfico y la mala gestión de los procedimientos consulares.

La laborista Ruth Jones criticó duramente al gobierno en un debate en enero, acusándolo de incompetencia y de aumentar la crisis migratoria.