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Emerge oposición al pacto UE-México en Parlamento belga

Emerge oposición al pacto UE-México en Parlamento belga


Publicación:26-07-2020
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A la Cámara de Representantes de Bélgica han llegado hasta el momento dos propuestas de resolución sobre el Acuerdo Comercial entre México y la UE

BRUSELAS, Bélgica,.- Al igual como ocurrió con el Acuerdo Global entre Canadá y la Unión Europea (CETA), el Parlamento de Bélgica se avizora como eventual piedra en el zapato que evitará el avance de la modernización del pacto comercial con México, cuando llegue el momento de su aprobación legislativa.
A la Cámara de Representantes de Bélgica han llegado hasta el momento dos propuestas de resolución sobre el Acuerdo Comercial entre México y la UE, cuyas negociaciones concluyeron en abril pasado. El texto se encuentra en la etapa de la revisión jurídica y correspondiente traducción a las lenguas comunitarias.
La iniciativa presentada por los legisladores Vanessa Matz y Maxime Prévot, miembros del partido demócrata cristiano (CDH), cierra sus argumentos con un sólido mensaje: "Solicitamos al gobierno federal rechazar la firma del acuerdo entre la Unión Europea y México".
El otro documento en circulación, promovido por el legislador Malik Ben Achour, junto con otros dos colegas del Partido Socialista, "demanda al gobierno federal a negarse, en el estado actual de las cosas, a firmar el acuerdo entre la Unión Europea y México".
El documento, con el número 55K1366001 y fecha del 22 de junio, exhorta a la gestión de la primera ministra, Sophie Wilmes, a condicionar el visto bueno de reinado a "la solución de varios puntos identificados como problemáticos en el acuerdo con México".
En concreto, pide la ratificación de las normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte de México, y la introducción de cláusulas sociales, ambientales y de derechos humanos, acompañadas de mecanismos para una implementación y supervisión efectiva.
Reprueba la intención de introducir un mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estado, sin considerar las exigencias incluidas en el acervo del CETA: "No podemos aceptarlo".
Demanda, a nivel belga, presentar un estudio de impacto sobre los posibles efectos del acuerdo a nivel socioeconómico, climático, ambiental, agrícola, social y de respeto a los derechos humanos.
A nivel europeo, solicita a la Comisión Europea un estudio indicativo sobre el impacto acumulado por los acuerdos comerciales en operación entre el bloque y terceros países, en materia económica, agrícola, emisiones contaminantes, derechos humanos, sociales, normas sanitarias, así como estándares ambientales.
El documento sostiene que a la luz de los Acuerdos Climáticos de París y las lecciones extraídas de la crisis por la pandemia por coronavirus, "es hora de evaluar seriamente la política europea y revistar nuestro modelo".
Señala que es imperativo recuperar a las industrias de la salud y la agroalimentación, que han sido reubicadas fuera de Europa como resultado del modelo comercial.
A la autoridad belga, le recuerda no ignorar la oposición manifestada en contra del CETA por una de las tres regiones que conforman el reinado belga, Valona, en 2016.
En su momento, el Congreso de la región francoparlante rechazó el pacto con Canadá, por lagunas en cuanto a la protección de la agricultura en materia de arbitraje y falta de garantías en el ámbito del respeto a las normas sociales, medioambientales, de protección al consumidor y de derechos humanos. El 21 de septiembre de 2017 entró provisionalmente en vigor el CETA.
La propuesta de Matz y Prévot basa su "no" a la actualización del TLCUEM, a que "incluye compromisos y hermosas promesas que no son vinculantes".
Además, porque la liberalización del sector agrícola, se estima que cubra más de 85% de las líneas de ambos mercados, "podría tener consecuencias destructivas para la agricultura europea, y especialmente la agricultura belga".
Asimismo, la liberalización elevará el riesgo de que aumente la agricultura intensiva y la deforestación en el socio latinoamericano. Sostiene que en México cada año 330 mil hectáreas de bosque desaparecen en favor de la expansión urbana, agrícola, minera o turística.
"Además, las normas ambientales, de salud y de monitoreo efectivo de su cumplimiento por parte de México han demostrando ser más inciertas que en Europa. El uso de pesticidas ha aumentado en México en los últimos años.
"En medio de la crisis del Covid-19, es sorprendente, por decir lo menos, concluir un acuerdo comercial de este tipo. Para pensar en el 'próximo mundo', es necesario mantener un debate sereno y democrático sobre la política comercial del futuro. Esta crisis de salud nos lleva a cuestionar nuestra dependencia económica y nuestros modelos de producción en todas las áreas", detalla.


« El Universal »