Desplazamiento interno complica crisis migratoria

 Bruselas, Bélgica/ El Universal.- La búsqueda de protección ante la violencia ha provocado un repunte de los desplazamientos internos en Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Estado de México y Puebla, al tiempo que las políticas migratorias en Estados Unidos ejercen mayor presión en las entidades fronterizas de México debido a las nuevas restricciones para el procedimiento de asilo en el vecino del norte.

La alerta es emitida por el Consejo Danés para Refugiados (DRC, por sus siglas en inglés) al examinar la evolución, durante el primer bimestre del año, de las dos situaciones de crisis que enfrenta México: la migratoria y la de desplazamiento interno.

En el contexto de la movilización forzada en el interior del país, la organización enciende las alarmas sobre la situación en la sierra de Chihuahua, a partir del aumento de la violencia entre grupos delictivos por el control de municipios.

"La violencia que estas disputas conlleva está provocando el desplazamiento forzado a otras localidades dentro del municipio, a distintas localidades de Chihuahua y también a los estados de Sinaloa y Nuevo León", señala.

Ocho familias fueron expulsadas de sus hogares en la localidad de Dolores durante enero, y aproximadamente 40 condición de vulnerabilidad en la sindicatura de Tepuche, en Culiacán.

"Gran parte de las personas que se han desplazado durante el bimestre en el municipio de Guadalupe y Calvo sufren la ocupación continuada de su propiedad por parte del crimen organizado y, tras su desplazamiento, carecen de una vivienda segura, no disponen de alimentos y faltan medios de subsistencia suficientes para cubrir sus necesidades básicas", añade.

Ciudad Juárez también registró un aumento significativo en el número de personas desplazadas internas, provenientes de entidades como Guerrero, Michoacán, Estado de México y Puebla que llegaron a la frontera con la intención de buscar protección en Estados Unidos. En Sinaloa sigue habiendo grupos de personas desplazadas que llevan meses en esta situación.

Al menos 50 familias se encuentran en condición de vulnerabilidad en la sindicatura de Tepuche, en Culiacán.

"Se ha reportado trata de personas para fines de explotación laboral y trabajo infantil en Chihuahua y Sinaloa, entre otros estados", detalla el reporte.

Para las ONG, el acceso a la vivienda es prioridad ante el desplazamiento interno. 

En este contexto, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil (Morena), anunció la construcción de 500 hogares para personas desplazadas y de bajos recursos.

Sin embargo, al menos hasta febrero, 74.5% de personas bajo seguimiento internacional en Sinaloa dijo no haberse beneficiado del programa.

En cuanto a la política migratoria estadounidense, concretamente la eliminación efectiva de los programas de excepciones a partir de enero para cubanos, haitianos y nicaragüenses, así como la adopción de la aplicación CBP One como vía exclusiva para procesar excepciones al Título 42, contribuyeron a una disminución significativa en los cruces regulares a Estados Unidos y al aumento de los retornos a México.

"El aumento en el número de personas de interés expulsadas a Ciudad Juárez socavó la capacidad de la población de contar con un alojamiento seguro.

La ampliación de Título 42 y el aflojamiento en la tramitación de excepciones llevó a la saturación de los albergues, limitando así la disponibilidad de opciones seguras para alojarse", precisa.

En cuanto a la frontera sur de México, el informe mostró un incremento de las llegadas y una diversificación en las nacionalidades.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) registró 25 mil nuevas solicitudes durante el bimestre, una cifra récord, y por encima de las 16 mil aplicaciones recibidas en los mismos meses de 2022.

Los hallazgos forman parte del monitoreo permanente de la situación en México por parte del DRC en colaboración con el Servicio Jesuita a Refugiados y con el apoyo financiero de la Unión Europea.