Veta Samuel la recién aprobada Ley de Residuos

El Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda veto la recientemente aprobada Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado

El motivo que orillaron al mandatario estatal a presentar su inconformidad es que lo avalado representa un impacto al presupuesto, porque por una parte establece a la Secretaría de Educación la obligación de contar con contenedores para el depósito de residuos urbanos y de manejo especial.

Y por otro lado impone a los organismos sujetos a la implementación de los sistemas de manejo ambiental, la utilización de productos compuestos parcial o total de materiales reciclables o reciclados y que los productos cuando sean desechados puedan ser retornados a los proveedores para su reutilización.

Dentro de las observaciones, el ejecutivo estatal señala que la planta SIMEPRODE, es responsable de prestar los servicios de acopio, recepción, transporte, almacenaje, aprovechamiento, reciclaje, transformación, procesamiento, comercialización, disposición final y en su caso, confinamiento de todo tipo de desechos sólidos, incluyendo residuos de manejo especial y peligroso.

Argumenta que la operación de este Organismo ayuda en gran medida a solucionar el problema de disposición final de los desechos sólidos que se producen en el Área Metropolitana de Monterrey y en general en el Estado.

Dentro del Relleno Sanitario de Salinas Victoria existe una planta generadora de energía que suministrar electricidad para el alumbrado público a siete municipios, dentro de la Zona Metropolitana de Monterrey (Monterrey, San Pedro Garza, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Apodaca, General Escobedo y Santa Catarina); de igual manera se suministra al Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey

El no considerar a Simeprode como parte fundamental de la actividad del manejo de residuos, y establecer las bases para una privatización del servicio público del manejo de residuos, se violenta el derecho humano a una buena administración.

Al permitir de acuerdo con la ley aprobada la proliferación de Estaciones de Transferencia y de Centros de Confinamiento en cada uno de los Municipios, conlleva un deterioro en la calidad de vida de los habitantes de Nuevo León y sus municipios, ya que al tener la cercanía de sus domicilios estaría generando olores, fauna nociva y sin un manejo adecuado, la contaminación del entorno.

García Sepúlveda asevera que SIMEPRODE presta principalmente sus servicios a los municipios estos últimos al tener la opción de privatizar el servicio obligaría al organismo a tener que acudir al Estado para obtener presupuesto suficiente para operar bajo las normativas ambientales.

Además, esta ley provocaría un conflicto toda vez que, ante la falta de las contrataciones con los Municipios, se ocasionará a su vez una disminución de los residuos sólidos que se reciben y en consecuencia sería insostenible la operación de la Planta Clasificadora, lo cual puede ocasionar un despido masivo de servidores públicos que trabajan en ese lugar, ante la segregación manual de los Residuos Sólidos Urbanos.

El expediente que suma el veto número 52 del Gobernador del Estado, fue turnado a la Comisión del Medio Ambiente para que sean analizadas las observaciones del ejecutivo