Sufren jueces y fiscales el asedio del poder en Guatemala

SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNI.- "Descarada impunidad". Directa, sencilla y contundente, la frase apareció en una pancarta que una anciana guatemalteca agitó, con sus arrugadas manos, en una de las protestas en la capital de su país contra el más reciente y escandaloso capítulo de conspiraciones fraguadas por la vieja maquinaria de corrupción e impunidad insertada en las cúpulas del poder político y económico de Guatemala. Como miles de sus indignados paisanos, la mujer se unió a la masiva oleada de reclamos en la Plaza de la Constitución, en el corazón capitalino, que estalló luego de que, en una sorpresiva maniobra, la fiscal general, Consuelo Porras, cesó el 23 de julio al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval. En la mira del disgusto popular está el presidente de Guatemala , Alejandro Giammattei, por su presunto lazo con una multimillonaria trama de sobornos que Sandoval decidió indagar tras el hallazgo del equivalente a unos 16 millones de dólares en efectivo en una casa de esa nación en octubre de 2020. Por miedo a represalias, Sandoval migró el viernes por la noche a El Salvador. "La maquinaria volvió a girar", acusó la guatemalteca Claudia Paz y Paz, directora ejecutiva del (no estatal) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización americana de defensa de derechos humanos. "Nos encontramos en continuo deterioro del Estado de derecho. Los ataques se dirigen a jueces y fiscales (...) que enfrentan criminalización o, como Sandoval", deben abandonar el país, dijo. Al recordar que los "enormes avances" del siglo XXI en la justicia de Guatemala evidenciaron que la corrupción "no era un hecho aislado, sino la forma de gestionar la cosa pública", subrayó que las pesquisas progresaron "tanto que quienes se vieron afectados se aliaron para reobtener su impunidad" y reactivar la máquina: "Los políticos y funcionarios al más alto nivel estaban implicados. Se develó la participación de importantes figuras de la élite económica que, con financiamiento electoral ilícito, pagaban a los candidatos para luego obtener contratos públicos de forma privilegiada y beneficiarse" de actos prohibidos, adujo. Porras alegó que sacó a Sandoval por desconfianza, por perjudicarla con "vejámenes" y por abusos y atropellos a la fiscalía. Al revelar que una línea de investigación sobre la fortuna apuntó a Giammattei y a su partido Vamos, Sandoval relató en varias entrevistas en El Salvador que "parte del dinero podría estar vinculado con financiamiento de la campaña [electoral] de la agrupación política del presidente". "Podría estar involucrado el presidente", reafirmó, al detallar que como la FECI empezó a detectar que autoridades gubernamentales estarían ligadas a una supuesta ilegalidad, Giammattei se enojó y presionó para sacarle de la fiscalía. "¿Por qué iba a estar molesto por eso? Posteriormente, surgió cierta información que podría vincular al gobernante, a su pareja o a alguien de su administración con ese dinero. No es algo que pudimos confirmar porque era dinero en efectivo, pero en esa búsqueda estábamos", dijo. La FECI indagó si los millones fueron coimas de constructoras para ganar negocios del gobierno o de un operativo del mandatario con rusos, precisó. Debilitado y acorralado por el creciente clamor para que dimita, y sin frenar la marea de enojo social, el gobernante, cuyo cuatrienio empezó en enero de 2020, negó los cargos. En una débil democracia, Guatemala consolidó una carrera de relevos de casi 70 años de poderosos personajes políticos y empresariales ansiosos de controlar los Poderes y a otras instancias contraloras para comprar y vender favores, transar privilegios en convenios estatales, proteger al crimen organizado o encubrir negocios "sucios". Por presuntos manejos irregulares de recursos públicos, un expresidente —Otto Pérez Molina (2012-2015)— está preso y otro —Álvaro Colom (2008-2012)—, en arresto domiciliario. La lista de detenidos por actuaciones similares incluye a políticos y empresarios. El incidente "dólares-FECISandoval" surgió como una variante más del añejo conflicto que Guatemala acumula por el enriquecimiento indebido sin castigo, pero esta vez… disgustó a Estados Unidos. Al fustigar el martes anterior a Porras con dureza, Washington anunció que suspendió la cooperación con la fiscalía y advirtió que remover a Sandoval "se ajusta" a una "falta de compromiso con el Estado de derecho y con procesos judiciales y fiscales independientes", por lo que "hemos perdido la confianza en la fiscal general". La Conferencia Episcopal de Guatemala condenó la salida "ilegal y arbitraria" de Sandoval y la cúpula empresarial privada pidió atacar la corrupción y evitó defender al exfiscal. La crisis interna se agravó este jueves con un paro nacional en repudio a Giammattei y a Porras.