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Por caso de 31 científicos, México vive situación de extrema
Publicación:11-10-2021
TEMA: #Conacyt
La Academia Nacional de Ciencias del Uruguay indicó que se suma a las expresiones
CIUDAD DE MÉXICO.- La Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (ANCiU) se sumó a la lista de instituciones nacionales e internacionales que lamentaron la forma en que se ha llevado el proceso que emprendió la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 científicos
ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), e hizo un llamado para que las acciones judiciales se realicen conforme a derecho.
A través de un comunicado, el Consejo Directivo de la ANCiU señaló que actualmente en México "se está viviendo una situación de extrema gravedad". Esto tras la denuncia que presentó el 10 de julio de 2020 Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, ante la FGR, y por la que la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero ha buscado en dos ocasiones que se giren órdenes de aprehensión en contra de los 31 miembros de la comunidad científica.
"Pese a que en dos instancias la juscia federal no encontró motivos para proceder penalmente, se les achaca a esas personas un cúmulo impresionante de supuestos delitos – peculado, lavado de dinero, delincuencia organizada – y se pide su encarcelamiento en un penal de máxima seguridad. Sus derechos están en serio riesgo", indicó la institución.
Asimismo, detalló que con su posicionamiento no se intenta abandonar la idea de indagar sobre el manejo de recursos públicos, sino todo lo contrario, pero "en condiciones que permitan llegar a la verdad en el marco de la legalidad. Se intenta criminalizar, con acusaciones desmedidas y mediáticamente mulplicadas, el accionar de personas que han representado a las instancias académicas en organismos encargados de asesorar a las autoridades públicas en el impulso a las labores científicas y tecnológicas como formas de la creación cultural y como herramientas para la mejora de la calidad de vida de la gente. Las discrepancias en torno a las políticas más adecuadas para tales propósitos deben ser abordadas en ámbitos de discusión plural y respetuosa de las divergencias que son lo propio tanto de la democracia como de la ciencia bien entendidas. No es eso lo que ha venido sucediendo. Es de temer que este indebido proceso que lleva adelante la Fiscalía General de México genere muy dañinas brechas entre la ciencia y la sociedad mexicana".
Frente a ese panorama, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay indicó que se suma a las expresiones que manifiestan "gran inquietud por los acontecimientos que están afectando negativamente la relación entre la ciencia y sociedad y se permite solicitar respetuosamente al gobierno democrático de México que proteja el debido proceso a nivel de la justicia".
A través de un comunicado, el Consejo Directivo de la ANCiU señaló que actualmente en México "se está viviendo una situación de extrema gravedad". Esto tras la denuncia que presentó el 10 de julio de 2020 Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, ante la FGR, y por la que la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero ha buscado en dos ocasiones que se giren órdenes de aprehensión en contra de los 31 miembros de la comunidad científica.
"Pese a que en dos instancias la juscia federal no encontró motivos para proceder penalmente, se les achaca a esas personas un cúmulo impresionante de supuestos delitos – peculado, lavado de dinero, delincuencia organizada – y se pide su encarcelamiento en un penal de máxima seguridad. Sus derechos están en serio riesgo", indicó la institución.
Asimismo, detalló que con su posicionamiento no se intenta abandonar la idea de indagar sobre el manejo de recursos públicos, sino todo lo contrario, pero "en condiciones que permitan llegar a la verdad en el marco de la legalidad. Se intenta criminalizar, con acusaciones desmedidas y mediáticamente mulplicadas, el accionar de personas que han representado a las instancias académicas en organismos encargados de asesorar a las autoridades públicas en el impulso a las labores científicas y tecnológicas como formas de la creación cultural y como herramientas para la mejora de la calidad de vida de la gente. Las discrepancias en torno a las políticas más adecuadas para tales propósitos deben ser abordadas en ámbitos de discusión plural y respetuosa de las divergencias que son lo propio tanto de la democracia como de la ciencia bien entendidas. No es eso lo que ha venido sucediendo. Es de temer que este indebido proceso que lleva adelante la Fiscalía General de México genere muy dañinas brechas entre la ciencia y la sociedad mexicana".
Frente a ese panorama, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay indicó que se suma a las expresiones que manifiestan "gran inquietud por los acontecimientos que están afectando negativamente la relación entre la ciencia y sociedad y se permite solicitar respetuosamente al gobierno democrático de México que proteja el debido proceso a nivel de la justicia".
« El Universal »
