Pondrá EUA a prueba evaluación expedita para migrantes

El gobierno de Joe Biden pondrá a prueba un nuevo experimento para atender las demandas de asilo de inmigrantes mediante el cual aquellos que ingresen de manera ilegal, serán evaluados por agentes de asilo mientras estén bajo custodia y les darán asesoría legal.

El Departamento de Seguridad Nacional (o DHS) informó que el nuevo plan iniciará con un pequeño número de migrantes la próxima semana. Las autoridades indicaron que la prueba forma parte de los preparativos para cuando expire una norma relacionada con la pandemia de coronavirus que ha suspendido para muchos el derecho a pedir asilo. Está previsto que dicha norma deje de aplicarse el 11 de mayo.

Si se amplía, el nuevo proceso podría generar un cambio importante en la manera como se procesa a los migrantes a su llegada a territorio estadounidense para solicitar asilo.

Funcionarios del DHS detallaron que empezarán a trabajar con un proveedor de servicios jurídicos, al cual no identificarán y que representará a los solicitantes de asilo en las investigaciones iniciales, conocidos como "entrevistas de temor fundado".

El acceso a una representación legal será fundamental para que el plan avance. Las entrevistas se llevarán a cabo en grandes instalaciones temporales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés) equipadas con líneas telefónicas que se utilizarán para las audiencias, según las autoridades. La política de la CBP limita la detención a 72 horas, que será el objetivo para completar las verificaciones.

En la actualidad, transcurren unas cuatro semanas antes de que se lleve a cabo una entrevista de evaluación y, si alguien no cumple con los requisitos, otras cuatro o cinco semanas para que sea transportado por aire a su país de origen.

La nueva táctica pretende recortar ese tiempo a menos de 72 horas, el máximo permitido para mantener a alguien detenido en una instalación de la CBP, según las políticas de la agencia.

El gobierno ha realizado 2.7 millones de expulsiones de migrantes al amparo de una norma de salud pública conocida como Título 42, la cual está en vigor desde marzo de 2020.