Indigna corrupción en vacunación en AL

SAN JOSÉ, Costa Rica.-Un nuevo término irrumpió en América Latina y el Caribe para describir las prebendas que permiten penetrar las redes de tráfico de influencias y de privilegios e inyectarse contra el coronavirus antes que millones de seres humanos con derecho prioritario: Vacuna-VIP.

El mecanismo surgió en Argentina, Perú, Colombia y Costa Rica. A toda aquella persona que se brincó el orden sanitario definido por riesgos laborales, salud, edad y otros rangos en el proceso de inocular a millones de seres humanos para vacunarse, se ganó el título de "muy importante" o VIP (Very Important Person, por sus siglas en inglés).

Ginés González dimitió el viernes pasado como ministro de Salud de Argentina, al descubrirse que elaboró una lista de 70 favorecidos que, indebida y anticipadamente, recibieron el fármaco.

La lista VIP, encabezada por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, incluyó a figuras de las alfombras rojas de poder: miembros del gabinete de Fernández, el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa y sus hijos, un excanciller, dos legisladores, un periodista, el sindicalista Hugo Moyano, su esposa y uno de sus hijos, y un alcalde y su conductor... entre otros.

De visita en la Ciudad de México, Fernández instó a que "terminemos la payasada, no hay un delito por adelantarse en la fila".

"¡Que la clase política no se sienta más importante que el resto de los ciudadanos, que es lo que parece estar sucediendo en Argentina!", replicó el argentino Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo de ese país de la institución global (no estatal) Transparencia Internacional (TI) que promueve la honestidad en la labor función pública y con sede en Alemania.

"Listados de amigos y familiares de la política que se vacunaron antes de la población que había que vacunar. Toda esta gente, periodistas, amigos, familiares, no deberían haber sido inmunizadas. Esto es una falta a la Ley de Ética Pública. Es un acto de corrupción con el uso de recursos públicos para beneficio propio, de familiares y de amigos", dijo Secchi a EL UNIVERSAL.

El presidente cesó a González, pasó a Carla Vizzotti de viceministra a ministra "y no mucho más", explicó, al describir un escenario "convulsionado". "Pedimos una vacunación mucho más transparente: reglas claras, prelaciones estipuladas para que la distribución de la vacuna sea justa y sabiendo bien a quien le tiene que tocar antes y después", adujo.

Datos de favores similares aparecieron en Colombia. El cirujano plástico colombiano Camilo Reyes quedó esta semana en el ojo de la tormenta al revelarse que consiguió inyectarse sin ser trabajador de salud de primera línea frente al Covid-19.

Perú quedó conmocionado por el vacunagate: 487 políticos, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra, su esposa Maribel Díaz, y su hermano, César, accedieron antes de tiempo al inyectable, en un escándalo que estalló a mediados de este mes en Perú y acorraló al gobierno del presidente Francisco Sagasti.

Costa Rica tampoco escapó a las maniobras de grupos del área de salud que sacaron ventaja para combatir a la enfermedad.

"Los estándares anticorrupción deben ser más altos en tiempos de pandemia, cuando las consecuencias de estas desviaciones se traducen en tragedias humanas", advirtió Costa Rica Íntegra, organización no estatal que es la subsidiaria de TI para este país. "Las denuncias sobre compras anómalas de equipo, como también las infiltraciones en las listas de vacunación deben generar una respuesta contundente y prioritaria de los órganos sancionatorios encargados", recalcó.

El combate al virus se convirtió en un apetecido negocio en la veta de corrupción política en América Latina y el Caribe: los cubrebocas en Costa Rica, los respiradores en México y Panamá, las pruebas científicas de la enfermedad en Guatemala, las bolsas de embalaje de cadáveres en Ecuador y ahora los privilegios para acceder a las vacunas. Las pistas del tráfico de influencias emergieron en Guatemala, Honduras y Colombia con autoridades con doble rostro: por un lado, son proveedores del Estado y, por el otro, son funcionarios públicos.