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Denuncian hostilidad de AMLO con activistas
Publicación:28-04-2021
TEMA: #Caso Digna Ochoa
El gobierno mexicano fracasó el lunes en un intento por silenciar una denuncia
SAN JOSÉ, Costa Rica, abril 27 (EL UNIVERSAL).- El gobierno mexicano fracasó este lunes en un intento por silenciar una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH
) sobre la hostilidad de más de dos años del presidente Andrés Manuel López Obrador contra las personas defensoras de los derechos humanos en México.
El incidente se registró en una audiencia vía digital, que comenzó este lunes y concluirá este martes, en la que el Estado mexicano comparece ante la Corte por el asesinato con un balazo en la cabeza en octubre de 2001 de la abogada y defensora mexicana de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.
La jueza costarricense Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte, debió interrumpir al mexicano Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, para oponerse a su solicitud de que en la audiencia se dejara de mencionar el asedio de López Obrador sobre los activistas de derechos humanos.
Al aducir que esas menciones carecen de nexo con el proceso de Ochoa, Celorio pidió que la mexicana Érika Guevara, directora para América de Amnistía Internacional (AI), organización mundial, no estatal e independiente de defensa de derechos humanos con sede en Londres, y testigo de la parte acusadora, se abstuviera de hacer sus denuncias sobre el mandatario mexicano.
Guevara aseguró que desde que López Obrador inició su gobierno, en diciembre de 2018, un total de 45 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en México. En sus conferencias matutinas de prensa, el gobernante alimenta un "clima de hostilidad" en contra de esos y de otros activistas, como las feministas, relató.
Hay un "ambiente hostil", insistió, en un testimonio en el que describió un deterioro generalizado de la situación de los derechos humanos en México y sobre la base de estudios hechos a partir de 1995. Con sus "señalamientos", López Obrador "estigmatiza y cuestiona" a las personas que se atreven a "hacer crítica constructiva a políticas de gobiernos".
Ante el reclamo hecho por Celorio para que Guevara, en respuesta a una pregunta del juez chileno Eduardo Vio Grossi, eludiera señalar las alusiones sobre el gobernante de México, la presidenta le aclaró que los juzgadores tienen todo el derecho de hacer los cuestionamientos que consideren pertinentes.
En el inicio de la jornada, la familia de Ochoa responsabilizó a fuerzas de seguridad del gobierno del entonces presidente de México, Vicente Fox, del homicidio, ocurrido el 19 de octubre de 2001 en su despacho de la colonia Roma, en la capital mexicana, por trabajar como defensora de los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumentó al elevar el caso a la Corte en octubre de 2019 que el Estado mexicano es responsable de la "vulneración del derecho a la protección judicial" de Ochoa, activista del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Durante su participación virtual, el mexicano Jesús Ochoa y Plácido, hermano de la víctima, dijo que la defensora de derechos humanos "no se suicidó. A Digna la mataron de una manera vil y cobarde". Se quejó de que los investigadores llegaron al extremo de plantear "que yo había matado a mi propia hermana. Fue un martirio para nosotros".
"No hubo investigación de parte de las autoridades. Fue pura simulación", adujo, al exponer el "enojo" de la familia y pedir la reapertura del caso, investigado y cerrado por la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal en la gestión de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno de la capital mexicana, de 2012 a 2018.
El incidente se registró en una audiencia vía digital, que comenzó este lunes y concluirá este martes, en la que el Estado mexicano comparece ante la Corte por el asesinato con un balazo en la cabeza en octubre de 2001 de la abogada y defensora mexicana de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.
La jueza costarricense Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte, debió interrumpir al mexicano Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, para oponerse a su solicitud de que en la audiencia se dejara de mencionar el asedio de López Obrador sobre los activistas de derechos humanos.
Al aducir que esas menciones carecen de nexo con el proceso de Ochoa, Celorio pidió que la mexicana Érika Guevara, directora para América de Amnistía Internacional (AI), organización mundial, no estatal e independiente de defensa de derechos humanos con sede en Londres, y testigo de la parte acusadora, se abstuviera de hacer sus denuncias sobre el mandatario mexicano.
Guevara aseguró que desde que López Obrador inició su gobierno, en diciembre de 2018, un total de 45 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en México. En sus conferencias matutinas de prensa, el gobernante alimenta un "clima de hostilidad" en contra de esos y de otros activistas, como las feministas, relató.
Hay un "ambiente hostil", insistió, en un testimonio en el que describió un deterioro generalizado de la situación de los derechos humanos en México y sobre la base de estudios hechos a partir de 1995. Con sus "señalamientos", López Obrador "estigmatiza y cuestiona" a las personas que se atreven a "hacer crítica constructiva a políticas de gobiernos".
Ante el reclamo hecho por Celorio para que Guevara, en respuesta a una pregunta del juez chileno Eduardo Vio Grossi, eludiera señalar las alusiones sobre el gobernante de México, la presidenta le aclaró que los juzgadores tienen todo el derecho de hacer los cuestionamientos que consideren pertinentes.
En el inicio de la jornada, la familia de Ochoa responsabilizó a fuerzas de seguridad del gobierno del entonces presidente de México, Vicente Fox, del homicidio, ocurrido el 19 de octubre de 2001 en su despacho de la colonia Roma, en la capital mexicana, por trabajar como defensora de los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumentó al elevar el caso a la Corte en octubre de 2019 que el Estado mexicano es responsable de la "vulneración del derecho a la protección judicial" de Ochoa, activista del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Durante su participación virtual, el mexicano Jesús Ochoa y Plácido, hermano de la víctima, dijo que la defensora de derechos humanos "no se suicidó. A Digna la mataron de una manera vil y cobarde". Se quejó de que los investigadores llegaron al extremo de plantear "que yo había matado a mi propia hermana. Fue un martirio para nosotros".
"No hubo investigación de parte de las autoridades. Fue pura simulación", adujo, al exponer el "enojo" de la familia y pedir la reapertura del caso, investigado y cerrado por la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal en la gestión de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno de la capital mexicana, de 2012 a 2018.
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