Aprueba Louisiana ley de inmigración similar a la de Texas

Una iniciativa de ley que facultaría a las agencias policiales del estado de Luisiana para detener y encarcelar a las personas que hayan ingresado a Estados Unidos de manera ilegal fue aprobada el miércoles por los legisladores, y posiblemente llegará pronto al despacho del gobernador.

En un contexto de pugnas entre los estados republicanos y el presidente demócrata Joe Biden sobre cómo y quién debe resguardar la frontera entre Estados Unidos y México, una creciente lista de estados republicanos ha aprobado medidas para aplicar leyes migratorias. Sin embargo, leyes similares a la que fue aprobada en Luisiana actualmente enfrentan impugnaciones legales en Iowa, Oklahoma y Texas.

Texas sólo pudo aplicar su ley de control migratorio durante unas confusas horas en marzo, mientras las disputas legales rebotaban en los tribunales federales. Durante el breve tiempo en que entró en vigor, las autoridades texanas no reportaron ninguna detención realizada en el marco de la nueva ley y se evidenció que muchos sheriffs no estaban preparados, no podían, o no estaban interesados en hacerla cumplir.

La ley aprobada en Texas permanece en suspenso, a la espera de que un panel de un tribunal federal de apelaciones, que ya escuchó los argumentos de partidarios y detractores en abril, emita un dictamen definitivo. No está claro cuándo se pronunciará el panel.

Al igual que la ley de Texas, la iniciativa de ley aprobada en Luisiana pretende ampliar la autoridad de las policías estatal y locales. La iniciativa de ley tipificaría el delito de "entrada o reentrada ilegal" en Luisiana, castigado con hasta un año de prisión y una multa de 4.000 dólares por un primer delito, y con hasta dos años de prisión y una multa de 10.000 dólares por una reincidencia.

Además, aunque la senadora republicana Valarie Hodges, quien impulsó esta iniciativa, dijo que "iniciaría el proceso de deportación", la aplicación de la ley migratoria en lo que respecta al ingreso no autorizado y las deportaciones ha sido durante mucho tiempo dominio exclusivo de las agencias federales.

El gobierno de Biden ha dicho que esta iniciativa usurpa ilegalmente las funciones de las autoridades federales, que son las responsables de aplicar la ley migratoria. Además, sus detractores argumentan que la iniciativa es inconstitucional, no mejorará los niveles de seguridad en el estado, y alimentará una falsa y negativa retórica contra los inmigrantes.