Aprueba El Salvador extender estado de excepción

San Salvador, El Salvador.- Después del debate en la Asamblea salvadoreña, un poder legislativo de la mayoría oficialista, se encontró por undécima ocasión una prórroga del polémico estado de excepción del presidente Nayib Bukele.

De 84 diputados, 67 dieron el Sí a la limitación de derechos y garantías que el Gobierno de Bukele defiende como necesario para combatir la violencia generada por las pandillas. Con esta extensión, el país se aproxima a cumplir un año bajo esta medida que suspende las garantías constitucionales, entre otras libertades.

El proyecto fue presentado en la sede del organismo por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y parte del gabinete de seguridad.

“Sepan que el presidente, Nayib Bukele, y su Gabinete, con el apoyo de la Asamblea Legislativa y el órgano judicial, no vamos a parar (…) Y nadie nos va a detener”, dijo el alto funcionario. 

Pero, a pesar de los resultados y los buenos números que muestra la tolda política en el poder, no todos están de acuerdo con los métodos. Las voces contrarias en la discusión del proyecto se hicieron sentir en la Asamblea el pasado martes.

Claudia Ortiz, del partido Vamos, dijo que no está en favor de las pandillas, pero sí respalda un mecanismo diferente para su combate, incluso para buscar la verdad para las víctimas. “Es muy fácil estar prorrogando el régimen de excepción cada mes”, afirmó. “Pero lo que es complejo es buscar realmente la verdad y la Justicia para quienes han sido víctimas de estos delitos gravísimos de parte de los grupos del crimen organizado”, concluyó.

Según cifras del Ejecutivo, más de 64,000 presuntos pandilleros han sido arrestados junto a sus socios. Con el régimen impuesto, los homicidios cayeron en un 57%, lo que representó 495 asesinatos en 2022. Un importante descenso comparado con los 1.147 del 2021. Según la dirección del país, faltarían unos 10,000 apresamientos por realizar.

En los operativos se han decomisado también importantes recursos a los presuntos infractores. Más de 2,700 armas, 15,000 celulares, unos 2,000 vehículos, 1,7 millones de dólares en efectivo, entre otras pertenencias, según las autoridades.

Pero también hay sombras en esta operación. Una de ellas, denunciada recientemente por la ONG Human Rights Watch (HRW), que señaló a las autoridades de “violaciones masivas al debido proceso”.

La organización defensora de los derechos humanos detalló que, entre los miles de detenidos, existen unos 1.082 niños. Hecho posible debido a una ley aprobada que redujo la edad de responsabilidad penal (de 16 a 12 años) en delitos relacionados con las pandillas.

Otras denuncias de HRW subrayan las muertes bajo custodia y la sobrepoblación de las cárceles.