A detalle, ¿cuáles serían las irregularidades de Trump?

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía de Estados Unidos pidió a un juez que permitiera el registro a la vivienda de Donald Trump en Florida alegando la posible violación de la Ley de Espionaje por parte del expresidente, por sustraer documentos "ultrasecretos" al abandonar la Casa Blanca.
La orden judicial de allanamiento en la residencia de Mar-a-Lago, de Donald Trump, detalla que los agentes federales investigaban posibles violaciones a tres leyes federales.
De acuerdo con Clark Cunningham, erudito legal de la Universidad Estatal de Georgia y experto en órdenes de allanamiento, "está la Ley de Espionaje, que se aplica a la posesión de información relacionada con la defensa nacional que podría usarse para dañar a EU o ayudar a un adversario extranjero. Esta ley se aplica a alguien que, como Trump, inicialmente tenía posesión legal de dicha información, pero que, después de que terminó su mandato, se niega a devolverla al gobierno".
En The Conversation, el especialista recordó que "Trump recibió una citación federal en la primavera de 2022 para devolver documentos sustraídos de la Casa Blanca (...) Entonces, si el inventario incluye artículos que deberían haber sido devueltos en respuesta a la citación, pero no lo fueron, eso puede ser evidencia de obstrucción de la justicia y ocultamiento de registros públicos".

¿Importa si desclasificó materiales?

Los reportes judiciales del registro no proporcionaron detalles específicos sobre la información que podrían contener los documentos recuperados. The Washington Post informó que en el registro se buscaron documentos clasificados sobre armamento nuclear. Trump calificó el tema de las armas nucleares como un "engaño". La abogada de Trump, Christina Bobb, que estaba presente en Mar-a-Lago en el allanamiento, firmó dos acuses de recibo.
Trump afirmó que los documentos incautados estaban "todos desclasificados" y argumentó que los habría entregado si el Departamento de Justicia se lo hubiera pedido. Si bien los presidentes en ejercicio generalmente tienen el poder de desclasificar información, la autoridad caduca tan pronto como dejan el cargo y no estaba claro si los documentos en cuestión alguna vez fueron desclasificados.
La Ley de Espionaje establece, entre otras cosas, mencionó el portal Vox, "que un funcionario al que se le haya confiado información confidencial o clasificada que permita que se la quiten de su ubicación segura por 'negligencia grave' o que sepa que se la quitaron de un lugar seguro y no se lo diga a los funcionarios federales puede ser multado o encarcelado hasta por 10 años".