Como si se tratara de una acción concertada, casi de nado sincronizado, la ministra Yasmín Esquivel declaró ayer, en entrevista banquetera a Milenio Televisión que no piensa renunciar a su cargo, que seguirá trabajando y asistiendo a las sesiones de la Corte porque “no tengo nada de qué avergonzarme” y que no acepta el fallo de la UNAM y del Comité de Integridad de la FES Aragón. Las declaraciones de la ministra, afuera del edificio de la SCJN y a bordo de su camioneta, se produjeron horas después de que, en la mañanera, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunciara que la SEP devolvería el expediente del plagio de Esquivel Mossa a la UNAM y le reprochara altaneramente al rector Enrique Graue “que no rehúya su responsabilidad”.

Por la tarde —y para completar la estrategia desde el gobierno federal para defender a la ministra y ganarle tiempo— la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, le envió un oficio al rector Graue en el que le informa, que tras el análisis detallado del asunto, por parte de los abogados de la dependencia, se concluyó que, con base en la autonomía que le concede el artículo 3ero. Constitucional, le corresponde a la UNAM a través de sus instancias universitarias competentes, proceder de acuerdo a su Ley Orgánica, valorar la denuncia de plagio y tomar una determinación al respecto.

“En respeto a la autonomía universitaria que el propio comité (de integridad) hace valer, las instancias universitarias competentes para emitir una resolución sobre el tema en cuestión, son aquellas señaladas en la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y su Estatuto General las que deben llevar a cabo el procedimiento que corresponda conforme a las reglas generales del derecho procesal, con respeto irrestricto a los derechos de los humanos de todos los involucrados y las garantías de audiencia y seguridad jurídica establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales”, dice el oficio firmado por la titular de la SEP.

La secretaria Leticia Ramírez incluso cuestiona en su comunicación “que no hay constancia de que la autoridad universitaria haya hecho dicha valoración y tomado una determinación al respecto”, al mismo tiempo que conmina al rector Graue a determinar si la C. Yasmín Esquivel Mossa incurrió en una conducta ilícita y de ser así denunciarla ante los órganos de procuración de justicia. “Esto es así —dice la funcionaria federal— porque en tanto el título expedido en su momento por el rector de la UNAM a la C. Yasmín Esquivel Mossa no sea declarado inválido por la autoridad jurisdiccional competente, la Dirección General de Profesiones carece de facultades para intervenir en forma alguna en el asunto en cuestión”. Y con ese remate le regresa toda la documentación del caso a la Rectoría universitaria.

El jueves pasado el presidente López Obrador cuestionó duramente a la UNAM y a su rector por “lavarse las manos como Poncio Pilatos”, al no haber determinado si el título de abogada de Esquivel Mossa era o no válido y anunció en esa misma conferencia mañanera que su gobierno iba a analizar el asunto y resolverían rápido el tema. Desde ese jueves 12, el mandatario le encargó el asunto al secretario Adán Augusto y le pidió coordinar la estrategia legal y política con la titular de la SEP y con la propia Yasmín Esquivel.

Ayer mismo antes del mediodía, la ministra estuvo en comunicación directa con el secretario de Gobernación y supo de la respuesta que daría la SEP al mismo tiempo que ella preparó su respuesta a los medios. Lo demás pareció casual: llegando al edificio de la Suprema Corte, a bordo de su camioneta Suburban negra, Yasmín se detuvo amablemente a contestar al reportero de Milenio, Amílcar Salazar, que al parecer ya la esperaba en la entrada. Bajó el vidrio polarizado y, con toda calma y amabilidad la ministra dio su mensaje que parecía tener ya preparado: “Desde hace 35 años tengo una carrera impecable, de la que no tengo nada de qué avergonzarme y continuaré trabajando intensamente, participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes y hoy más que nunca por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos”, dijo la ministra.

No es común y más bien nunca ocurre, que un ministro de la Corte se detenga antes de entrar al estacionamiento para atender a los reporteros como lo hizo ayer Yasmín Esquivel. Eso más bien pareció un mensaje pactado y que la ministra acordó mandar como parte de la estrategia que le compartió el titular de Gobernación y con la que, además de devolver el caso a la UNAM y presionarla para que sea ella la que tome una determinación que claramente no quisieron tomar en la Universidad, le compran tiempo y argumentos de defensa a la ministra emproblemada, que incluso cuestionó y desconoció que nunca le notificaron del proceso universitario para discutir su caso ni la llamaron a audiencia.

Si algo ha quedado claro como un modus operandi del presidente López Obrador y de la 4T ante los escándalos de corrupción en su gobierno, cuando involucran a personajes o colaboradores cercanos al presidente, como en este caso, es la estrategia utilizada siempre para llevar los casos y denuncias al terreno legal (o legaloide) y alargar los tiempos de las resoluciones o fallos. Así le apuestan a que el escándalo y la presión mediática y de opinión pública disminuya y la gente y los propios medios se olviden del tema. Así bajaron el caso de Pío López Obrador, que terminó resolviéndose dos años después, el pasado mes de octubre con un fallo exoneratorio; así trataron también el caso de Manuel Bartlett y sus propiedades, igual que los contratos millonarios del IMSS a su hijo para la compra de respiradores.

En fin, que a Yasmín Esquivel, a la que ya había arropado y defendido el presidente a pesar de las evidencias y el dictamen de la UNAM de que sí plagió su tesis de licenciatura, ahora le compran tiempo con una estrategia política y jurídica de marrullería y legalismos. Es el sello de la casa y la ministra, engallada, dice que no renunciará y que “no tengo nada de qué avergonzarme”. Nunca fueron distintos.