Postrado en la cama de un hospital, con golpes en la cara y respirando con ayuda de un oxigenador, un joven tuiteo: “fuí agredido y despojado de mi vehículo por un comando armado en las inmediaciones de Los Mochis camino a Mazatlán”. Esto lo hizo pocas horas después de la detención de Ovidio Guzmán “El Ratón”.

Las escenas de terror e incertidumbre que sufrieron los pobladores de varios municipios de Sinaloa como fue Culiacán, Mochis, Mazatlan y Guasave, hacen más que evidente que en México el uso de la fuerza no es monopolio del Estado. Robaron más de 250 vehículos, incendiaron camiones y vaciaron comercios. Todo ello, sin que ninguna autoridad ni estatal ni federal se los impidiera. Murieron 10 militares y 19 civiles (agresores según la SEDENA); hay más de 35 militares heridos y 21 detenidos.

Las escenas en hospitales, calles, los saqueos a tiendas, las agresiones en el aeropuerto de Culiacán donde incluso una bala impactó en un avión de Aeroméxico ¿eran situaciones inevitables? ¿no era posible tener un operativo sin estas consecuencias? ¿es el precio que se tiene que pagar cuando se detiene a los líderes de los cárteles?

Por supuesto debe reconocerse que las Fuerzas Armadas detuvieron a un criminal responsable, junto con el Cártel de Sinaloa, de miles de homicidios en México y de la muerte por sobredosis de fentanilo de miles de personas en EUA. Es una buena noticia su captura y mejor noticia sería que lo extraditaran a Estados Unidos.

Lamentablemente y así nos lo ha enseñado la experiencia, la detención de Ovidio no va a alterar en gran medida el tráfico de drogas, ni va a bajar la violencia. La población de las zonas donde opera el Cártel de Sinaloa no va a vivir en paz. A lo largo de estos años hemos constatado que las estructuras criminales son resilientes, e inclusive han ganado con los años muchos más mercados. Ahora, no solo trafican drogas, trafican personas y manejan un gran mercado ilícito de maderas. Además de dedicarse a la extorsión, el cobro por derecho de piso y el secuestro.

La política de omisión o complacencia contra la delincuencia organizada que ha emprendido el presidente y su gabinete de seguridad tiene al menos tres consecuencias graves. En muchos municipios y en algunos estados los criminales aprovecharon el espacio vacío del poder, ya sea por incapacidad o porque así lo decidieron los gobernantes. En Sinaloa, por ejemplo, durante la elección del 2021 el cártel de Sinaloa operó para Morena el día de la elección. En Valle de Bravo los criminales secuestraron a la candidata del PRI para asegurarse que no haría mas campaña. El jefe del Comando Norte de Estados Unidos (US Northcom), el general Glen VanHerck, estimó que los cárteles del crimen organizado operan en alrededor del 30 al 35 por ciento del territorio mexicano.

La segunda es que, al detentar el poder, los criminales también se adueñan de los recursos de gobierno. El dinero que debería ser, por ejemplo, para obra pública termina siendo para fortalecer su capacidad de fuego, comprar voluntades políticas o a la gente repartiendo juguetes, despensas o dinero en efectivo. Igual que el presidente, usan a los pobres para saciar su poder.

Y la tercera, con la detención de un jefe criminal, como bien lo señaló López Obrador en 2014, la detención de Ovidio Guzmán pues, para fines prácticos, es un golpe propagandístico, las finanzas y estructuras criminales se van a conservar, mientras no haya una estrategia de fondo. Y la sociedad mantendrá la falsa idea que se hace justicia.

Por último, a la sociedad y a los políticos nos toca hacer una reflexión profunda. Que las FFAA actuaran dejó en claro que, aunque el gobierno federal y muchos gobiernos locales han perdido sus capacidades de gobernar, aún están a tiempo de recuperar el control; se puede con decisión. Se debería aprovechar este momento para cambiar la estrategia de seguridad y para el fortalecimiento del Estado, no solo actuar con lógica política. Se debe buscar la paz por todos los medios.