En el artículo pasado me referí especialmente al retroceso y a la ideologización de los Libros de Texto de primaria y secundaria por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Ahora quiero resaltar aquí la violación al Derecho por parte de este gobierno en este y otros temas.

Señalo algunos ejemplos de cómo la impresión y distribución de los libros de texto constituyen una violación a la Constitución mexicana, en particular al artículo 3º:

1) La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) se encarga de producir y distribuir en todas las escuelas (públicas y privadas) los Libros de Texto. Pero estos libros deben diseñarse conforme a planes y programas de estudio que se revisen y se elaboren de acuerdo con el artículo 3º constitucional. Sobra decir que no hicieron ni planes ni programas.

Esta es la primera violación a su propia reforma constitucional del 2019, que en el párrafo 10º señala que estos planes y programas deben considerar "la opinión de los gobiernos de las entidades federativa y de diversos actores sociales en la educación..." Además, la SEP se reservó la información por ¡cinco años! ¡Por qué? lo hace además a sabiendas de que el Instituto de la Transparencia (Inai) no puede sesionar.

2) La propia SEP decidió, sin consultar a nadie, eliminar los libros de matemáticas cuando el artículo 3º (del 2019), en su párrafo 1º, ordena incluir la "enseñanza de las matemáticas". Todos los errores de contenidos, la anulación de las matemáticas, las lagunas en la parte científica y las confusiones que generan por las fallas pedagógicas violentan el referido artículo 3º.

3) El mismo artículo, en su cuarto párrafo, señala que se debe dar prioridad al principio del interés superior de la niñez, algo que ya se establecía como obligación en el artículo 4º constitucional, pero que en 2019 se quiso reiterar en la reforma educativa.  Aquí hay otra violación a la Constitución: basta leer en redes sociales la defensa que hacen funcionarios del gobierno de Morena, de profesionales de la adulación o del señor Marx Arriaga para entender que el criterio que prevaleció fue el interés trasnochado de un grupo de personas que tiene más resentimientos que ideas y que lo que terminó de orientar dichos libros fueron "los fanatismos y los prejuicios" que la fracción I del mismo artículo prohíbe.

Organizaciones como la Unión de Padres de Familia presentaron, hace unos meses, un amparo. Una juez federal concedió la suspensión definitiva y ordenó la no impresión y, por lo tanto, la no distribución de los libros de texto. Pero a la Conaliteg no le importó y mandó a imprimir y distribuir los libros a las entidades que, reitero, no fueron consultadas.

Afortunadamente el gobierno de Guanajuato se negó a distribuirlos porque tenía que acatar lo que establecía la Suprema Corte de Justicia; algo parecido hizo el gobierno de Alfaro en Jalisco; así como el gobierno de Chihuahua encabezado por Maru Campos que, además, valientemente inició una controversia constitucional. Felicidades a quienes encabezan estos tres gobiernos de oposición. Pero no sé por qué los otros gobiernos de los estados —que no son de Morena— no se han pronunciado ni para pedir información. Un silencio que puede ser muy costoso en términos de congruencia.

Vivimos una clara violación sistemática a la Constitución y a las resoluciones del Poder Judicial. Aquí van otros tres ejemplos recientes: la detención del fiscal de Morelos que, aun teniendo fuero confirmado por la Corte el 12 de julio, fue arrestado por orden de la fiscalía de la Ciudad de México y con elementos de la Guardia Nacional (que se incluyen miembros de las fuerzas armadas y que también están obligadas a seguir las resoluciones de la Corte), fue detenido y llevado a la capital; b) el Tren Maya que es una violación diaria a la legalidad; c) el cierre de puertas de Palacio Nacional a Xóchitl Gálvez para acudir a la mañanera.

En México hay una violación sistemática a la Constitución, a las leyes, a las resoluciones de la Suprema Corte. Y todavía hay quienes callan, quienes voltean a otro lado, constitucionalistas que los defienden, gobernadores que guardan silencio...  ¿Así creen que se va a respetar una elección?